Greenpeace reclama al Gobierno de Pedro Sánchez, que este viernes cumple sus 100 primeros días, que la salida del parón provocado por la crisis sanitaria del Covid-19 tenga en cuenta la emergencia climática y se adopten medidas que sean socialmente justas para las personas y en medioambiente.
Para la ONG las medidas que debe tomar el Gobierno para paliar la crisis deben ayudar también a superar la crisis sanitaria tras estos primeros 100 días de legislatura de Pedro Sánchez «profundamente marcados» por el coronavirus cuyos efectos «probablemente» se extenderán el resto de la legislatura. Para ello pide evitar los errores del pasado y hacer una reconstrucción económica y social justa y verde.
Para el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, el Gobierno comenzó con la declaración de la emergencia climática pero 100 días después ha acabado con el país paralizado e inmerso en una emergencia sanitaria contra la que pide paquetes de estímulo económico a las actividades que estén alineadas con el Convenio de París, que protejan la biodiversidad, sean socialmente justas e incorporen la perspectiva de género.
«No se pueden repetir los errores de la anterior crisis. Ni los más vulnerables, ni el medio ambiente deben ser los damnificados», opina.
En cuanto al balance, Greenpeace considera que los aspectos negativos de estos 100 días son el «insuficiente» objetivo de reducción de emisiones del borrador de ley de cambio climático y transición energética presentado en febrero que, además no incluye reducciones en sectores clave como la agricultura, el forestal, los residuos, la industria o el turismo.
También recuerda que falta por aprobar la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático y el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, al tiempo que reclama abordar otros sectores como el transporte.
Para Greenpeace «no fue buena idea» presentar deprisa y corriendo a la Comisión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) en pleno estado de alarma sin respetar los procesos de participación pública.
Además, cree necesario medidas para proteger el sector agroalimentario local y sostenible que protejan el mundo rural y su desarrollo, así como mejorar la gestión del agua, a través de una moratoria a nuevas infraestructuras hidráulicas y regadíos y que se mejore el control del uso ilegal del agua y la protección de los acuíferos de la contaminación de la agricultura y la industria.
En cuanto a los residuos pide apostar por una ley de plásticos suficientemente ambiciosa que reduzca la producción y comercialización de envases y productos desechables.
Asimismo, pide una ley de diligencia debida que obligue a las grandes empresas a vigilar, analizar, evaluar, mitigar y reparar el impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos de toda su actividad, así como derogar la Ley de seguridad ciudadana y la de Secretos oficiales de 1968.
Para la directora de Programas de Greenpeace, Cecilia Carballo, España necesita un «renovado modelo productivo» y grandes inversiones que respeten los principios ecológicos, redistribuir la riqueza desde los límites biofísicos del planeta.
«Es urgente abordar la transición desde las soluciones que plantea la economía descarbonizada, protegiendo la biodiversidad y apostando por la transformación del sector agroalimentario, energético, de los cuidados y transporte entre otros. Se trata de generar nuevos empleos, progreso y asegurar la calidad de vida de la ciudadanía», ha concluido.
