Esa es una de las conclusiones del informe ‘No hay agua para tanto regadío’, elaborado por Greenpeace y presentado este martes en una rueda de prensa en Madrid por Eva Saldaña y Julio Barea, directora ejecutiva y responsable de Agua de esa organización, respectivamente, así como por Joan Corominas, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la Mesa Social del Agua de Andalucía, y Reyes Tirado, hortelana y científica de la Universidad de Exeter (Reino Unido).
“BURBUJA”
Saldaña apuntó que el próximo sábado se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y que, según los científicos, el cambio climático reducirá la disponibilidad de agua en el área mediterránea, cuando el 75% del territorio español está en riesgo de desertificarse a finales de siglo.
Además, las reservas de agua superficiales han caído 10 puntos porcentuales en poco más de una década den España y un 44% de las aguas subterráneas se encuentran en mal estado, cuando casi el 80% del consumo hídrico se destina a regadío.
El informe indica, según datos oficiales de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que España cuenta actualmente con al menos cuatro millones de hectáreas para regadío legal, lo que supone un 23% del suelo agrícola y un 8% del territorio nacional.
Además, la superficie regable legalmente ha aumentado un 16% desde 2004 hasta 2001 (536.295 hectáreas más) y algunos de los últimos planes hidrológicos prevén un incremento para regadíos, concretamente en el Ebro, el Duero, el Guadiana, el Segura y el Tinto y el Piedras. “El mundo al revés”, denunció Barea, al tiempo que Saldaña sentenció: “Hay una burbuja del regadío”.
¿DÓNDE ‘RECORTAR’?
Por ello, Greenpeace reclama “recortar” la superficie de regadío en lugares donde la industria agropecuaria ha sometido al territorio a tal presión que hace injustificable el mantenimiento de algunos regadíos.
Así, esos recortes afectan a un 32,9% del regadío por estar en zonas sobre acuíferos con un mal estado cuantitativo del agua; un 45,5% por encontrarse sobre acuíferos con un mal estado químico del agua; un 56,7% en áreas con elevados niveles de nitratos, y un 15,8% en territorio donde ya se ha manifestado el cambio climático.
Greenpeace califica como zonas tensionadas las que reúnen los tres primeros de esos cuatro parámetros, lo que aglutina un 16,2% de los regadíos legales en España, que son los lugares preferentes de reducción.
Por cuencas, destacan el Guadiana (un 38,06% del total), el Segura (27,4%), Baleares (26,9%), el Júcar (25,8%), las cuencas mediterráneas andaluzas (25,4%), las cuencas internas de Cataluña (24,9%) y el Guadalquivir (19,3%).
Por comunidades autónomas, la peor situación se da en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, que cuentan con alrededor de una tercera parte de los regadíos en zonas tensionadas.
Si se añade el criterio del cambio climático, un 3,7% de los regadíos legales en España se hallan en áreas críticas, con el Guadiana como principal cuenca (22,6%) y Castilla-La Mancha como primera comunidad autónoma.
Además, un 13,8% de los regadíos están sobre zonas que afectan a espacios naturales protegidos y de gran interés ecológico, algo crítico ya en áreas como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel y Doñana.
PROPUESTAS
Por todo ello, Greenpeace solicita una hoja de ruta para acoplar el regadío a la disponibilidad hídrica para garantizar el abastecimiento de las poblaciones, los caudales ecológicos y otros usos prioritarios;
una transición hidrológica justa con reparto equitativo de los recursos en cantidad y calidad suficiente, lo que implica tomar medidas drásticas para lograrlo y evitar futuros conflictos y enfrentamientos entre territorios y actividades, y una PAC (Política Agrícola Común) socialmente justa y ambientalmente resiliente.
Otras medidas son que el Estado y las comunidades autónomas prohíban nuevos regadíos industriales en zonas tensionadas, cuenten con un registro público de hectáreas de regadío y potencien la agricultura ecológica, y las grandes y medianas empresas paralicen inversiones que aumenten regadíos industriales, con impactos sobre la biodiversidad o los acuíferos, e informar públicamente sobre la compra de amplias zonas de regadío con efectos sobre un recurso escaso como el agua.
