En un recurso de reforma de 115 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, Granados solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que corrija su decisión del pasado viernes, con la que le procesó –junto a otras siete personas– al mismo tiempo que archivó la investigación judicial para otras 71, entre ellas Aguirre y González.
Granados defiende que los presuntos delitos electorales que se le imputan por los comicios de 2011 están prescritos, al igual que los relativos a las de 2007 y 2008, dos votaciones respecto a las que el instructor ya apreció que la eventual responsabilidad penal se había extinguido por el transcurso del tiempo.
«Todo ello con independencia de mantener, en todo momento, la inocencia de mi representado quien ha actuado siempre acorde a derecho, conforme no podía ser de otra forma y manera en relación al cargo que ostentaba en dicho periodo meramente testimonial y político», afirma su abogado en el escrito.
Sostiene que, como director de campaña, estaba «al margen de cualquier gestión económica o posibilidad de mediar en estos aspectos, con proveedores, donantes, y terceros que pudiesen ostentar posición alguna en el partido popular o en la campaña referida», lo que –alega– «imposibilita la comisión de cualquier ilícito».
En este sentido, señala que el juez confunde las funciones del director de campaña con las del administrador electoral, en ese entonces Beltrán Gutiérrez –otro de los ocho procesados–, «que es el que efectivamente gestiona todo lo que pudiera tener relación con aspectos económicos en pagos, contratos, etc».
«Incluso el director de campaña está imposibilitado para desacreditar, controlar y contradecir al administrador electoral, siendo los órganos ordinarios del partido única y exclusivamente los que pueden tutelar la función del señor Beltrán como nombrado administrador», detalla.
UNA FUNCIÓN «DECORATIVA»
En este contexto, el letrado ve una «contradicción» en el hecho de que el juez archive para «la mayoría de investigados inclusive los que por rango en el partido y en las propias elecciones están en plano muy superior a mi defendido en base al cargo que ostentaban y que son los que realmente y por esas mismas circunstancias, podían haber gestionado o conocido por entrar dentro de sus facultades».
En este punto, recuerda que el secretario general del PP de Madrid en noviembre de 2011 era González, «que además salió electo como ‘número uno’ de la lista en esa campaña y presidente, a la vez, del comité electoral, además de vicepresidente del Gobierno y persona que controlaba por su interés en dicha campaña todos los actos derivados de la misma, en unión a la presidenta del partido», Aguirre.
Por ello, enfatiza, les parece «un contrasentido» procesar a «alguien que funcionalmente y por organigrama carece de potestad y competencia para gestionar la tesis de acusación máxime cuando los mencionados son los que tienen dicha competencia y realizan dichas funciones, en unión al administrador electoral referido, el señor Beltrán».
Añade asimismo que «es un hecho no controvertido, objetivo y notorio» que Granados «fue cesado en todos los cargos que ostentaba dentro del partido y en el Consejo de Gobierno y Comunidad precisamente en ese año y con posterioridad a esas elecciones, junio y noviembre de 2011, es decir, inmediatamente después, cuando estaban todavía calientes estos comicios y sus resultados».
«Esto acredita sin más que inclusive la función que como director de campaña le conservaron lo fue, testimonial, decorativa o meramente de pantalla, para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas que pudieran utilizarse por el partido de la oposición y que se respiraban en el ambiente político y mediático del Gobierno», indica.
EL «ARTISTA PRINCIPAL»
Con todo, la defensa de Granados desliza que su procesamiento se debe solamente a que se le ha perfilado como «el artista principal desde el año 2014 en lo que se ha denominado la trama ‘Púnica’ en todas sus piezas testimoniadas, que bien se podían proyectar en una secuencia prolongada de distintos capítulos o sesiones por como empieza, se desarrolla o pudieran terminar».
Al hilo, aprovecha para reprochar que «Granados cumplió preventivamente casi tres años de prisión por un desfalco económico que el Ministerio Fiscal llegó a mantener hasta la saciedad y sin prueba alguna ni más ni menos en 700 millones de euros, para que luego escasamente hace un año modificase esta cantidad a cinco millones de euros en el patrimonio del investigado en el que se incluye incluso su parte hereditaria».
