González Laya aseguró al juez que Ghali no ha sido el primero del Frente Polisario en ser acogido

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, en Madrid (España)

Arancha González Laya - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL

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La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aseguró ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que «ha habido casos anteriores» de «personas cercanas a Brahim Ghali y personas miembros del Frente Polisario» que «han sido acogidas en España también para tratarse enfermedades» y precisó incluso que «algunas de ellas han fallecido».

Así consta en la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, del pasado lunes 4 de octubre, cuando la extitular de Exteriores compareció en calidad de investigada ante el magistrado instructor Rafael Lasala por la entrada del líder del Frente Polisario en España.

González Laya explicó que la situación de Ghali –que llegó a España el 18 de abril a la Base Aérea de Zaragoza y fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser atendido por coronavirus– «no es la única cuestión humanitaria» que ha tenido que tratar en un año y medio al frente del Ministerio.

En este sentido, aseguró que «no es extraordinario, por tanto, que España reciba esas peticiones». «Es cierto que es un poco más excepcional que sea un país tercero el que pida esa ayuda humanitaria para un ciudadano. Eso es más excepcional, pero no es probablemente ni la primera ni la última vez», añadió.

«Lo que se pide es la acogida de una persona que está enferma grave de covid para poder tratarse en nuestro país. Esa es la petición expresa», señaló en referencia al caso de Ghali.

La exministra se expresó así ante la pregunta del juez de si la petición que planteó Argelia relativa al líder del Frente Polisario «era realmente una causa humanitaria o era estratégica».

En el marco de su declaración, González Laya se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales para evitar identificar a la autoridad argelina que le contactó.

La exministra también se amparó en dicho acuerdo para no señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España del líder polisario.