«La diversidad en el perfil de las grandes fortunas y la desigual tributación en determinadas comunidades autónomas ponen de relieve la necesidad de mantener el impuesto de solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se alcance un nuevo acuerdo de financiación autonómica», ha señalado el sindicato a través de un comunicado.
Este miércoles se han dado a conocer los primeros datos de recaudación de este nuevo tributo. El impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas ha recaudado 623 millones de euros en 2023, la mayor parte en Madrid, con 555 millones de euros.
En total, 12.010 grandes patrimonios, que representan el 0,1% de los contribuyentes en España, han abonado por este impuesto, complementario al de Patrimonio, una cuota media de 52.000 euros.
Para evitar la doble imposición, los contribuyentes sólo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Gestha cree que este tributo debe mantenerse hasta que haya un acuerdo de financiación autonómica en el que se recoja la propuesta de los grupos de expertos, que coinciden en señalar que los impuestos cedidos a las comunidades de régimen común deben tener una horquilla mínima y máxima de tributación.
Con ello, estaría reflejada la potestad tributaria de cada gobierno autonómico y, al tiempo, se preservaría un nivel mínimo de equidad e igualdad de los contribuyentes con independencia de su lugar de residencia, según han defendido los técnicos de Hacienda.
«Esta horquilla permitiría además mejorar la solvencia de las cuentas públicas regionales en los años posteriores a que se alcance el nuevo acuerdo de financiación autonómica», ha recalcado el sindicato.
Según apuntan, en la última década desde que se recuperó el impuesto sobre el patrimonio, se ha producido un aumento del 33,3% de los declarantes y casi se ha doblado el patrimonio declarado (un aumento del 97,2%) pero la variación de la cuota a ingresar es algo menor (un 82,9%) que no refleja la progresividad del impuesto, lo que se explica porque la mayoría de los nuevos declarantes son declarantes de tramos patrimoniales más bajos.
