Gas Natural Fenosa ha presentado este miércoles ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, en sus siglas en inglés) la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral contra Colombia por la intervención y liquidación de su filial en el país, Electricaribe.
Con esta demanda, la compañía energética busca “que se le devuelva la compañía con un marco regulatorio viable y, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento”, explica en un comunicado. Gas Natural cifra esta valoración en los 1.000 millones de dólares (más de 927 millones de euros).
En el documento de solicitud, la empresa española protesta “contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio”. A pesar de ello, insiste en que busca una solución “por vía amistosa” mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional.
El grupo que preside Isidro Fainé ha decidido realizar su reclamación a través de Uncitral, dependiente de la ONU, en lugar de canalizarla a través del Ciadi, el organismo del Banco Mundial para los procesos arbitrales.
La compañía considera que la toma de posesión y liquidación de Electricaribe son “acciones estatales” que van en contra del “proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas”. En este sentido, acusa al Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos de una actuación “contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio” que podría tener consecuencias negativas “en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país”.
La Superintendencia de Servicios Públicos anunció la liquidación de Electricaribe y el inicio de la búsqueda de un nuevo operador el pasado 14 de marzo, después de intervenir la compañía cuatro meses antes.
El origen del conflicto radica en los continuos impagos que sufre la filial por distribuir la electricidad a 2,5 millones de personas que viven en la zona norte del país, frente a la costa del Mar Caribe, que alcanzarían, según Gas Natural, los 1.259 millones de euros a cierre del pasado mes de septiembre. Estos impagos habrían impedido a la empresa hacer las inversiones necesarias para mantener la red eléctrica.
“Es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 millones sólo en 2016), que incluye importantes deudas de organismos públicos colombianos”, señala la eléctrica en el comunicado.
