Fuga de carbono: los derechos de CO2 son 15 veces más caros en Europa que en China

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Los derechos de emisión de CO2 se están convirtiendo en una herramienta cada vez más utilizada en todo el mundo para cumplir los objetivos de reducción de emisiones y transición ecológica. Sin embargo, los sistemas muestran variaciones muy significativas entre las determinadas geografías, lo que puede provocar la huida de industrias a países más laxos, la denominada fuga de carbono.

Los gobiernos de todo el mundo están empezando a fijar el precio del CO2 imponiendo mercados obligatorios a sectores que consumen mucha energía, sobre todo el sector energético o las industrias del acero, el cemento, el plástico y la petroquímica. Según el Banco Mundial, el número de sistemas de fijación de precios del carbono en todo el mundo aumentó de 19 en 2010 a 64 en la actualidad.

En teoría, estos sistemas de tarificación del carbono son eficaces por dos razones. En primer lugar, son obligatorios, ya que los gobiernos obligan a las industrias y empresas objetivo a cumplirlos. En segundo lugar, el objetivo de reducción de emisiones se cumple por diseño. El límite anual de emisiones se reduce con el tiempo en función del nivel de emisiones previsto para el futuro.

Sin embargo, un informe realizado por el equipo de análisis de ING pone en evidencia que todavía hay demasiadas diferencias entre los países que aplican este tipo de controles, y lo limitado de su alcance.

El 21,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero estaban cubiertas por instrumentos de fijación de precios del carbono en 2021, según el monitor de precios del carbono del Banco Mundial. “Esto representa un aumento significativo con respecto a 2020, cuando solo se cubrió el 15,1% de las emisiones mundiales”, reconocen los expertos de ING. Sin embargo, “algo menos del 4% de estas emisiones tienen un precio que oscila entre los 35 y los 70 euros por tonelada de CO2 que se necesitan actualmente para cumplir el objetivo de temperatura de 2˚C del Acuerdo de París”. De hecho, “ninguna de las emisiones en los sistemas de fijación de precios de CO2 tiene un precio en torno a los 130-140 euros por tonelada de CO2 que el Banco Mundial considera acorde con el objetivo de 1,5˚C”.

Es decir, no solo la gran mayoría de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (casi el 80%) no tienen ningún precio, sino que en la mayoría de los países en los que sí se aplican “el precio del carbono suele ser demasiado bajo para adecuar las emisiones a los objetivos climáticos”.

Los derechos de CO2 son 15 veces más caros en Europa que en China

Uno de los problemas, es que los mercados de CO2 “son locales por definición, ya que los gobiernos no pueden actuar fuera de sus jurisdicciones”. Así, las jurisdicciones de todo el mundo tienen sus propios mecanismos de fijación de precios del carbono que dan lugar a diferentes niveles de precios. Por ejemplo, los precios del carbono se sitúan actualmente en unos 90 euros/tonelada en la UE, unos 72 euros/tonelada en el Reino Unido, unos 28 euros/tonelada en California y unos 6 euros/tonelada en China, explican los analistas del banco holandés.

Estos diferentes niveles “incentivan a los responsables de las empresas a deslocalizar las actividades intensivas en carbono hacia regiones sin precios o con precios bajos”, lo que se denomina fuga de carbono. “De ahí la necesidad de los mecanismos de ajuste en las fronteras del carbono (CBAM, una propuesta de la Comisión Europea) para garantizar la igualdad de condiciones entre las principales regiones de producción y comercio, como la Unión Europea, EEUU y Asia (especialmente China e India)”, señalan los analistas.

El CBAM es un arancel sobre las importaciones en función del contenido de CO2 del producto, que no ha sido gravado en el país donde se produce el bien. Es decir, por un lado “garantiza que las emisiones de carbono acaben teniendo un precio”, y por el otro “proporciona a los gobiernos de los países productores un incentivo para aumentar los precios del CO2, ya que la CBAM les permitiría cosechar los beneficios fiscales ellos mismos en lugar de permitir que otros países se beneficien de los impuestos a la importación”.

“Ello podría propiciar la tan necesaria coordinación mundial entre países para alinear las políticas climáticas y los precios del carbono”, apunta ING.

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