FAES cree que la enmienda del castellano de la ‘Ley Celaá’ «desterrará el español del sistema educativo catalán»

Isabel Celaá
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La Fundación FAES también ha entrado a valorar la enmienda del PSOE, Unidas Podemos y ERC al proyecto de reforma educativa (LOMLOE, también conocida como ‘Ley Celaá’) que suprime la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.

Según la entidad, esta enmienda «en la práctica, desterrará el español del sistema educativo catalán» y «deja de respetar el ‘deber de conocer’ y el ‘derecho a usar’ el castellano consagrados en el artículo 3 de la Constitución».

FAES recuerda que el Tribunal Constitucional avaló en 1995 el modelo de «conjunción lingüística» en el que los poderes públicos competentes pueden determinar la proporción en la que son empleadas como vehiculares las dos lenguas oficiales en los territorios en los que, además del castellano, exista otra lengua cooficial. Y se establecía la cautela de que el castellano no podía ser excluido como lengua vehicular o docente.

Además, destaca que cuando en la redacción del Estatut se planteó que la lengua catalana fuera, en exclusiva, vehicular en la enseñanza, el Tribunal Constitucional dejó claro, en una sentencia de 2010, que en ningún caso eso podía suponer que el castellano dejara de serlo, precisamente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución.

«El despropósito no sólo degrada al castellano como lengua común, lo que ya de por sí es de una gravedad extrema, sino que ignora, de nuevo, la realidad lingüística en Cataluña, arrastrado por la obsesión hegemónica e impositiva del nacionalismo», critica FAES, que resalta los datos de IDESCAT, la agencia oficial de estadística de Cataluña, referidos a 2018.

Según esta agencia, el catalán es utilizado como lengua habitual por el 36,1% de los ciudadanos, el castellano lo utiliza como lengua habitual el 48,6%, mientras que un 7,4% utiliza ambas lenguas indistintamente. «Esa es la realidad que constituye una concluyente expresión de pluralismo que tiene que ser respetado y defendido, aunque, precisamente por representar pluralismo, al nacionalismo le resulte frustrante e inaceptable», señala, para recalcar que «en nuestro país contamos con una lengua común, cultivada y desarrollada en todas las Comunidades, que todos tienen el deber de conocer y el derecho a usar».

En este sentido, FAES reivindica que «los titulares de derechos no son las lenguas sino sus hablantes, y estos no tienen raíces que les sujeten a los territorios sino pies que les permiten trasladarse de uno a otro».

«Todas las lenguas oficiales son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional, pero solo una es común a todos los españoles y puede exigirse su uso a cualquiera de ellos –expone–. Las lenguas cooficiales deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva».

Por último, FAES recuerda a los nacionalistas que el castellano es un idioma hablado por más de 500 millones de personas en todo el mundo, una realidad que «se impone al absurdo arbitrismo de los que pretenden desalojar al castellano de Cataluña y que, lejos de albergar ningún verdadero propósito de convivencia lingüística, aspiran a un estricto e imposible monolingüismo». «La realidad, la Constitución y los derechos de todos los españoles, empezando por el derecho a la igualdad ante la ley, tienen que ser respetados», zanja.

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