Entre las claves del texto, señalan fuentes del departamento de José Luis Escrivá, está que “completa la reforma de 2021 y blinda la revalorización de las pensiones presentes y futuras”. En concreto, detalla el Ministerio, “garantiza la sostenibilidad del sistema a través de un reforzamiento de los recursos, evitando cualquier tipo de recorte”. “Este incremento de ingresos”, afirma, “tiene un impacto muy limitado en los costes laborales por hora, que en el máximo impacto en 2050 llega a 37 céntimos (un aumento de 1,6%) y en 2030 tiene un impacto de 23 céntimos”.
“Son niveles que preservan la competitividad de las empresas españolas, con costes laborales por hora que se sitúan 10 euros por debajo del promedio de la zona euro, 15 euros por debajo de Francia, o 14 euros por debajo de Alemania”, incide.
Asimismo, “refuerza los ingresos, la equidad y la solidaridad”. Y esto lo hace al incorporar “ingresos de rentas más altas a través de dos mecanismos”, con el “aumento progresivo de las bases máximas de cotización” y estableciendo una “cuota de solidaridad para que la masa salarial que quede por encima de base máxima y, por tanto, exenta de cotización contribuya a la sostenibilidad del sistema”. A esto hay que añadir una mejora progresiva de los niveles de suficiencia de las pensiones mínimas para garantizar que alcancen en el corto plazo el 60% de la renta mediana” y la sustitución del factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que “beneficia específicamente a los jóvenes”.
Sobre las medidas incorporadas en la reforma se encuentra la “adecuación” del periodo de cálculo. De esta manera, para los próximos 20 años se establecerá “un régimen dual del periodo de cómputo, que permitirá elegir entre la más beneficiosa de estas posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses [2 años] peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años)”. “La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026”, apuntan desde el Gobierno, lo que creen que “beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares”.
Asimismo, “se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses [4 años], y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49, añadiendo para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 [es decir, hasta el 5º año] y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 [del 5º al 7º año]”.
Respecto a la brecha de género, busca reducir la misma. Así, “el complemento de brecha de género de las pensiones tendrá un incremento del 10%, adicional a la revalorización anual, en el bienio 2024-2025”.
También mejora las pensiones mínimas. “A imagen de lo que se ha hecho en los últimos años con el SMI, se establecen medidas para que la cuantía de la pensión mínima contributiva se aproxime al 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos”, explican dichas fuentes.
La propuesta del Gobierno incluye además una “cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, que será del 1% en 2025 y que irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045”. Por ejemplo, a una persona que gane 500 euros por encima del tope máximo de cotización sólo se aplicaría por esos 500 euros y no por todo su salario, cotizando 5 euros adicionales en 2025.
El mencionado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) va a pasar de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año para reforzar el sistema durante los años en los que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del ‘baby boom’.
