Tras la reunión con el Gobierno, las organizaciones sindicales han emitido un comunicado en el que realizan una “valoración general positiva” de dicha propuesta, “tanto de la orientación que se plantea para la segunda fase de la reforma iniciada en julio de 2021, como de las medidas concretas que la conforman”.
“Especial valoración positiva”, exponen, “merece el hecho de que se mantenga la orientación de la reforma del sistema de Seguridad Social, iniciada en 2021, basada en el refuerzo de los ingresos del sistema y garantizando sobre esta variable la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones”. Según CCOO y UGT, “se recoge la propuesta sindical de incremento progresivo de las bases máximas de cotización, garantizando ahora por Ley un incremento anual superior al de la inflación media registrada”.
Asimismo, detallan, “se refuerza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con destino exclusivo a la dotación del Fondo de Reserva, el establecimiento de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que aún queden por encima de la base máxima incrementada”. Para ambos sindicatos de este modo “se garantiza que cotizarán la totalidad de los salarios, estableciendo por primera vez un sistema de cotización por ingresos reales en el sistema de Seguridad Social”.
Por otra parte, las dos organizaciones sindicales destacan “el hecho de que el incremento de la pensión máxima se realice conservando la lógica del respeto al principio de contributividad, garantizando la absorción comprometida en la primera fase de la reforma de los nuevos coeficientes reductores establecidos progresivamente en las jubilaciones anticipadas voluntarias”. “Y todo ello”, continúan, “al tiempo que se mantiene el componente solidario que supone el mantenimiento de una pensión máxima inferior a la base máxima de cotización, con lo que se mantiene y refuerza la aportación solidaria de una parte de las cotizaciones de quienes perciben salarios más altos”.
En cuanto al periodo de cálculo de las pensiones, hacen alusión al cambio de orientación del Gobierno que “supone incluir la posibilidad de elegir los mejores años cotizados de un periodo dado”. “Esta fórmula de elección permite mejorar la expectativa de pensión de los colectivos de personas trabajadoras con carreras de cotización más inestables”, aseguran. Además, ven “especialmente relevante el hecho de que durante un periodo transitorio de casi dos décadas, se mantendrá un sistema de reconocimiento de pensión más favorable para las nuevas personas jubiladas entre la fórmula actualmente en vigor (últimos 25 años cotizados) o el nuevo sistema (elección de los mejores 27 años de entre los últimos 29 años cotizados)”.
Sobre la reducción de la brecha de género, CCOO y UGT inciden en que, “si bien se han producido avances, confían en poder concretar adecuadamente estos objetivos en las distintas medidas incorporadas que, hasta la fecha, presentaban aún carencias en su definición (integración de lagunas, pensiones mínimas, complementos para reducir la brecha de género,…)”.
El departamento de José Luis Escrivá y los sindicatos se verán este lunes en una nueva reunión tras la mantenida hoy.
Los empresarios rechazan la reforma del Gobierno
Desde las filas de los empresarios se ha rechazado la reforma del sistema público de pensiones planteada este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La CEOE, Cepyme y ATA han dejado clara “más frontal oposición”.
“El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”, advierten en una nota a los medios.
En su opinión, “la propuesta que se pretende aprobar, sin perjuicio de un análisis exhaustivo del documento entregado en la reunión de hoy, es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión”. Para los empresarios “resulta inconcebible que el Gobierno afronte la reforma del sistema de pensiones sin el necesario debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes”.
Por todo esto, sostiene que la propuesta “vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano”.
