Entre las medidas anunciadas este martes por Pedro Sánchez, señala la PAH en una nota, “se encuentran la moratoria antidesahucios decretada justo hace un año que, a pesar de estar en vigor, no ha conseguido detener 70.000 desalojos -en 2021 se practicaron un total de 41.359 y 29.285 en los 9 primeros meses de 2022- en España”.
Asimismo, esta plataforma lamenta que Moncloa no haya “accedido” a congelar las renovaciones de hipoteca variable. Y eso, “a pesar de que el Euribor ya amenaza con llegar al 4% en enero”. “Tampoco”, continúa, “a ampliar los supuestos cubiertos por el actual escudo social -que, insistimos, han dejado a miles de familias fuera- a pesar de que a principios de este mes la PAH nos reunimos con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien se comprometió a estudiar y a negociar las propuestas de ampliación del escudo social”.
Ante esto, el colectivo afirma que el Ejecutivo ha optado “por seguir con el parche actual y prefiere tomar medidas con la complicidad de la banca”.
Respecto a los alquileres, la PAH hace referencia a las “prórrogas obligatorias” de los contratos que vencen, “una medida muy parecida a la que ya se aplicó durante la crisis del Covid-19, cuando la inquilina podía solicitar al arrendador una prórroga de 6 meses del contrato al mismo precio”.
A esto hay que sumar el tope del 2% a las actualizaciones de la renta por el IPC. “Si bien celebramos este pequeño respiro para las miles de familias inquilinas, desde la PAH entendemos esta medida como insuficiente, puesto que pasados esos seis meses las familias siguen en riesgo de tener que soportar subidas desproporcionadas de la renta o se verán obligadas a irse de su casa, en lo que conocemos como desahucios invisibles”.
“En definitiva, creemos que esta es otra oportunidad perdida del Gobierno”, asegura la plataforma, que insiste en la necesidad de que la nueva Ley de Vivienda vea ya la luz. “Le exigimos que sean valientes y aprueben una Ley de Vivienda ambiciosa que de verdad se ponga del lado de las familias y no mantenga los privilegios de bancos y fondos buitre”.
Hasta ese momento, censura que el Gobierno mantenga “una política de vivienda basada en grandes anuncios de medidas temporales de corta duración, que si bien pueden aliviar algunas situaciones, siguen sin dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos, sin impulsar medidas estructurales y duraderas en el tiempo, condiciones imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda sea efectivo en este país”.
