Tal y como explican en un comunicado, exigen la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia “para garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal funcionario”. Y es que, lamentan, el Ministerio de Justicia se niega a negociar “algo tan esencial como las condiciones de trabajo con los representantes de los trabajadores y trabajadoras”.
El proyecto de la citada norma, afirman las organizaciones sindicales, “no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales, pudiendo suponer una importante reducción de puestos de trabajo, así como la supresión de servicios que presta la Administración de Justicia”. A juicio de los sindicatos, “permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquél en que se está destinado”. Además, “también se abre la posibilidad de imponer nuevas relaciones de puestos de trabajo sin negociar”.
Por otra parte, el personal de la Administración de Justicia exige el desarrollo y retribución de la carrera profesional, “un derecho reconocido desde 2019 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que el Ministerio de Justicia se niega a negociar y a reconocer y a establecer su retribución complementaria”.
Junto a esto, los sindicatos piden la mejora de la promoción interna “para la recuperación del 50 % de las plazas de las Ofertas de Empleo Público para este turno” y “una convocatoria extraordinaria añadida a la convocatoria del turno libre de los procesos de estabilización”. “Si el acceso por el turno libre se hace por el sistema de concurso —sin oposición—, también la promoción interna tiene que hacerse por ese mismo sistema de concurso de méritos”, afirman.
Otra de las exigencias sindicales es la convocatoria de concursos de traslado con todas las plazas vacantes, denunciando que muchas de ellas “se ocultan al acceso del personal titular año tras año sin justificación alguna, restringiendo sus posibilidades de movilidad”.
Por último, demandan la negociación del Reglamento y Relaciones de Puestos de Trabajo del Registro Civil y denuncian que el despliegue de los nuevos Registros Civiles “se está llevando a cabo de forma unilateral sin negociación colectiva”.
Los sindicatos STAJ, CCOO, UGT y CIG también tienen previsto concentraciones en los centros de trabajo de la Administración de Justicia de toda España el 2 de diciembre a las 10 horas, sin descartar la convocatoria de huelga si no se atienden sus reivindicaciones.
