El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha registrado este lunes dos proposiciones no de ley (PNL) en materia de función pública referidas a la aprobación y desarrollo del Estatuto del Directivo Público Profesional en la Administración General del Estado y acerca de la movilidad de los empleados públicos.
El portavoz socialista de Función Pública, José Luis Aceves, ha subrayado que el grupo apelará al consenso de los grupos de la Cámara para que apoyen estas iniciativas para «demostrar su respaldo al colectivo de los empleados públicos, la importancia de cuyo trabajo se ha puesto de relieve con el combate contra la pandemia».
Aceves ha anunciado que el GPS registrará en los próximos días más iniciativas en respaldo del funcionariado público, ya que «fortalecer el empleo público es clave para salvaguardar el Estado del Bienestar y hacer frente a los retos que hay por delante como consecuencia de la crisis».
La primera PNL, que se ha presentado para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública y en el Pleno de la Cámara, busca «abordar el desarrollo de un Estatuto del Directivo Público que aborde todo lo relacionado con su régimen jurídico, así como requisitos, criterios de selección y control» para estos empleados.
Para ello, propone que el Congreso inste al Gobierno a impulsar esta iniciativa, «en consenso con todos los grupos parlamentarios con el fin de fomentar la evaluación del desempeño y la carrera profesional».
CONVOCATORIA ANUAL DE PROVISIÓN DE PUESTOS Y MÁS FORMACIÓN
En la segunda iniciativa se plantea que el Congreso inste al Ejecutivo a promover «la convocatoria anual de un concurso de provisión de puestos de trabajo, de carácter general y otro específico, incluyéndose los puestos que se consideren de necesaria cobertura en los Ministerios y organismos, tanto en los servicios centrales como, en su caso, periféricos» con excepción de los departamentos que tengan una plantilla que haga recomendable «la acumulación de las plazas susceptibles de convocatoria».
Igualmente, se recomienda que se desarrolle «en consenso entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como las centrales sindicales, procesos de movilidad interadministrativa mediante concursos de provisión de puestos de trabajo» que permitan la movilidad de los empleados públicos.
Por último, esta PNL defiende que se incremente la oferta formativa a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), o en su caso, de los planes de formación departamentales, para ampliar la oferta en los cursos de mayor demanda, incluyendo el impulso a la teleformación.
