Caja B

El PSOE pide 26 años de cárcel para Granados por la presunta ‘caja b’ del PP de Madrid

Los socialistas solicitan que se declare partícipes a título lucrativo a los “72 diputados autonómicos del PP que resultaron electos tras las elecciones”.

Francisco Granados
Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

El PSOE ha pedido a la Audiencia Nacional que condene al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y al exgerente del PP en la región Beltrán Gutiérrez a 26 y 17 años de cárcel respectivamente por la presunta existencia de una ‘caja b’ en el partido regional, con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011.

En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, y al que ha tenido acceso Europa Press, la formación solicita la apertura de juicio oral contra Granados, Gutiérrez y contra otros seis acusados, además de las personas jurídicas EICO Reputación y MADIVA Editorial.

Los socialistas piden condenar a Granados y Gutiérrez por delitos electorales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y falsificación. A Granados, además, también le acusan de un delito de cohecho y de otro de tráfico de influencias relacionados con los trabajos de reputación.

Asimismo, el PSOE insta a que se declare “partícipe a título lucrativo y por los importes que se señale en sentencia a los 72 diputados autonómicos del PP que resultaron electos (y/o sus sustitutos) tras la celebración de las elecciones” de los citados años, pues a juicio del PSOE “sus candidaturas se vieron igualmente beneficiadas del exceso de gasto electoral y su ocultación”.

Este escrito de la formación liderada por Pedro Sánchez llega después de que el instructor dictase el auto de procesamiento de esta pieza separada número 9 de la macrocausa Púnica. Entonces, el magistrado acordó levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González, procesando a Granados como el presunto cabecilla de la trama.

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