Bajo el título de ‘En defensa de la propiedad privada de los españoles’, el programa del PP remarca que “el derecho de propiedad es uno de los pilares de la comunidad política y social”. Tras esto, promete reforzar “la defensa de la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española, a través de normas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal frente al creciente fenómeno de la okupación ilegal, que se ha disparado en los últimos años”.
Para ello, detallan los populares en su medida 280, “aprobaremos un paquete de medidas ‘anti-okupación’ para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas; que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria; o impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados.
Dicho esto, los de Feijóo inciden en la 281 que agilizarán “los desalojos para que puedan realizarse en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble; y de modo inmediato en caso de flagrante delito”.
Asesoría jurídica a vecinos
Además, impulsarán la creación de oficinas técnicas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal “que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados; un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación, y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal”.
A esto hay que sumar la creación de “unidades” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “especializadas” en este tema, “así como Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos”.
Otra de sus promesas pasa por reforzar las penas por delitos de usurpación en el Código Penal “con hasta 3 años de cárcel”. “Y mejoraremos la protección legal frente a la actuación de las mafias, introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones”, recoge el documento.
“Dotaremos a las comunidades de propietarios de medios de defensa jurídica en la Ley sobre Propiedad Horizontal”, afirma en otra de sus medidas, “para la protección de la convivencia vecinal, legitimándolas para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades”. Asimismo, el programa del PP pone sobre la mesa la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local “con el fin de que la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ningún derecho.
Por último, Feijóo y los suyos proponen reformas de la legislación tributaria “para que se puedan devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación”. También, continúa, “para que la vivienda ocupada sea considerada como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de forma que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere”.
Pacto de Estado sobre vivienda o avales para jóvenes
Menos medidas en cuanto al acceso a la vivienda recoge la ‘oferta’ del PP a los ciudadanos para el 23J. En este sentido, y con el epígrafe ‘Repensar nuestras infraestructuras y favorecer el acceso a la vivienda’, los populares mezclan la necesidad de implantar puntos de recarga, mejorar las cercanías o el desarrollo de los corredores ferroviarios, con soluciones para el actual problema inmobiliario.
Respecto a esto último, defienden la necesidad de un Pacto de Estado sobre la vivienda “que cuente con la participación e implicación de las comunidades y entidades locales. “Exploraremos conjuntamente soluciones para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente”, apunta.
Adiós a la Ley de vivienda
En este punto, afirma que derogará la Ley de vivienda, “que ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”.
Junto a esto, anuncia un programa de avales para jóvenes de hasta 35 años “a fin de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda”. También una ley de seguridad jurídica en matera de urbanismo, “que garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”.
Sus otras dos medidas son movilizar suelo de titularidad pública “destinado a redes públicas de vivienda con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible” y promover la vivienda social “con objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente al problema de la vivienda en España”.
Mochila austriaca, SMI, pensiones…
Entre sus 108 páginas el PP se compromete también a actualizar el salario mínimo “en el marco del diálogo social”. Eso sí, sin dar ninguna cifra al respecto. Únicamente recoge que involucrarán “a sindicatos, empresarios y expertos en la toma de decisiones sobre el SMI”.
Sobre la pensiones, garantiza la “sostenibilidad y suficiente del sistema” para las generaciones “actuales y futuras” y su revalorización en el marco del Pacto de Toledo. Además, incluye la mochila austriaca. “Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad”. “Estas cuentas”, explica el PP, “acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan”.
Un “alivio fiscal inmediato” a las familias, corrigiendo “los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos sobre la clase media” o la reducción del IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal, son otras de estas propuestas, que contemplan una auditoría y evaluación sobre la gestión de los fondos europeos.
