El Partido Popular quiere tumbar varias medidas acordadas con el PNV incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 tras el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura de Pedro Sánchez. El Grupo Popular en el Senado ha registrado varias enmiendas parciales contra esos acuerdos y que afectan en total a cerca de 35 millones de euros.
Los populares han sacado la factura que cuesta provocar la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. A pesar de que niega cualquier tipo de revanchismo y venganza, el Grupo del PP en el Senado ha decidido presentar varias enmiendas parciales que afectan directamente a partidas destinadas al País Vasco.
La más cuantiosa, la enmienda número 5381. El PP ha registrado una propuesta que plantea reducir en 26,6 millones el dinero destinado al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide.
El Grupo Popular del Senado quiere utilizar ese dinero en programas para garantizar y mejorar transporte público en zonas despobladas y rurales, que garanticen la accesibilidad y comunicación en las zonas con escasa población o baja densidad, evitando brechas con el medio urbano y favoreciendo el acceso a servicios y oportunidades.
Además de esta enmienda, el PP ha presentado otras que afectan directamente al Centro de Investigación Vasco (Biscay Marine Energy Platform) y al CIDETEC (organización de investigación de almacenamiento de energía). Las enmiendas presentadas reducirían las partidas destinadas a estos dos centros en 3 y 5,5 millones de euros, respectivamente.
Los populares aseguran que no han reducido las inversiones “buenas” para Euskadi, sino solo las que “eran buenas para el PNV”. Así lo considera el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal.
Los populares insisten en que sus acciones no son “revanchismo” y ponen como ejemplo la permanencia en los presupuestos de las partidas dedicadas a las infraestructuras del País Vasco, como el tren de alta velocidad.
“Perplejidad” en el PNV
El Euzkadi Buru Batzar asegura estar “perplejo” ante la decisión del Partido Popular, e insta a los populares vascos a que expliquen la decisión que privará a la ciudadanía vasca de 35 millones de euros.
“Ese dinero iba a ser destinado a la creación de empleo y la investigación, dos pilares de las sociedades del siglo XXI”, señala el Partido Nacionalista Vasco.
