El Plan de Acción del 5G, elaborado por la Comisión Europea, es la próxima gran revolución de la tecnología en red. Aún en fase de desarrollo, se considera que el 5G será un elemento que permitirá transformaciones industriales mediante servicios inalámbricos de banda ancha a velocidades de gigabit. Esto es, como el actual 4G pero con mucha mayor velocidad, menor peso, y mayor influencia en las innovaciones de varios sectores como la energía, la sanidad, los medios de comunicación o la logística.
La realidad es que estos sectores ya están en plena etapa transformadora. Sin embargo, según la Comisión Europea (CE), necesitarán el 5G para que puedan alcanzar su pleno potencial en los próximos años. Las redes de muy alta capacidad, como esta, “son un activo fundamental para que Europa pueda competir en el mercado mundial”, relata la CE en un informe al que ha tenido acceso elboletin.com.
El proyecto dispondrá de un despliegue temprano en grandes zonas urbanas y a lo largo de las principales vías de transporte. Tiene como objetivo comenzar las pruebas del 5G en 2018 y que su desarrollo comercial llegue en 2020.
La inversión será mixta, siempre y cuando el Parlamento Europeo apruebe la moción. Algo que se antoja previsible.
Aumento de la brecha digital
No obstante, el florido plan de Acción de la Comisión Europea conlleva el riesgo de dejar fuera del proceso de digitalización a 22 millones de españoles. La propuesta de la Comisión Europea se limita al 2025 la extensión del despliegue celular y de fibra a aquellas zonas urbanas con una población mínima de 50.000 habitantes, es decir, aquellas zonas urbanas que cumplan la definición de área urbana funcional establecida por la UE y OCDE, y a las vías de transporte definidas en la Red Transeuropea de Transporte.
En España hay casi 8.000 municipios que no alcanzan esa cifra, y cuyos habitantes representan 22 millones de españoles. Prácticamente la mitad de la población. Esto supone una profundización de la brecha digital entre el entorno urbano y rural de la península. Aunque es algo que también se trasladaría a la UE, con 269 millones de personas afectadas que residen en ciudades de menos de 50.000 habitantes.
Es una información facilitada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, que exige que este despliegue se lleve a cabo también en las zonas rurales, “para garantizar la cobertura universal de la banda ancha con velocidades crecientes”.
«Hemos de recordar que las Administraciones deben ser las garantes del servicio de interés general. El acceso a las infraestructuras de telecomunicaciones, debe tener las obligaciones de servicio público y universal, ya que de él dependerá la subsistencia de esa comarca, región, núcleo urbano y, sobre todo, de los ciudadanos y ciudadanas que los habiten y sus trabajadores», concluye.
