Los números que se manejan advierten de que se trata de un problema serio: los afectados señalan que son “más de 700.000”. Y han dicho basta. O al menos han empezado a unirse para denunciar su situación. A través de la Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI, estos trabajadores recuerdan que en las diferentes Administraciones Públicas hay miles de profesionales “contratados en fraude de ley”.
Un total de 26 organizaciones de trabajadores han constituido esta plataforma de afectados para alertar de que “se están vulnerando constantemente” los derechos del personal interino, temporal y temporales. Asociaciones de Justicia, plataformas y asociaciones de interinos de Educación, plataformas de interinos de la Administración General, plataformas de Sanidad, plataformas de la Administración Local y plataformas de Policía Local coinciden: “Entre 600.000 y 900.000 trabajadores públicos interinos y temporales se encuentran en Fraude de Ley”.
Esta situación ha llegado, como apuntan, hasta la Justicia europea que ha reconocido que los distintos gobiernos “vienen realizando durante años contratos en fraude de ley al encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente”. Pero que sea algo ‘común’, no deja de ser ilegal.
Según destaca la plataforma, la Administración ha ido permitiendo este fraude de ley: “No se han convocado las plazas en el momento en que la ley lo exigía por lo que ha dado lugar a un aumento del número de trabajadores temporales frente a fijos”. De hecho, los últimos movimientos que salen desde La Moncloa no han terminado de convencer a los afectados.
El pacto entre sindicatos y Gobierno
El Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de marzo, firmado por el Gobierno y los sindicatos, ha encontrado una dura crítica por parte de la Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI. Según censuran, que se pretenda convocar todas las plazas que hayan estado ocupadas durante tres años por personal temporal tiene un significado: “No se reconoce el fraude de ley y no se asume la responsabilidad por haber abusado de los trabajadores”.
En este sentido, los afectados reprochan que este paso borre de lleno ese abuso laboral a aquellos empleados “que han sido castigados por la temporalidad sin que se aprobaran las correspondientes convocatorias que les permitieran acceder a las plazas que ocupaban durante años”. Por todo ello, la plataforma no duda en hablar de “un ERE encubierto”, ya que “pretende sustituir a unos trabajadores por otros más baratos”.
Las exigencias de la plataforma
De esta manera, la Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI exige el reconocimiento “de oficio” de esta fraude de ley a aquellos empleados públicos, “ya sean funcionarios interinos, laborales temporales o estatutarios temporales, que llevan más de 24 meses contratados dentro de un periodo de 30”.
Sin embargo, las exigencias no se quedan únicamente ahí. Al mismo tiempo, los afectados piden que se frene las ofertas de empleo público “que incluyan ‘plazas de estabilización’ que afectan a estas personas hasta que se regularice su situación laboral”. Y, por último, instan a que los procesos de concursos de méritos abiertos se basen “en el cómputo de la antigüedad como único criterio objetivo de valoración, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico”.
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