«No tenemos información sobre el paradero de personas condenadas», declaró Peskov a los periodistas.
El representante del Kremlin sugirió a los medios que hagan esa pregunta al Servicio Federal Penitenciario.
«Es el servicio que debe estar al tanto. Reconozcan que el gabinete presidencial no es el organismo que puede ni debe disponer de tales datos», argumentó.
A principios de febrero la Justicia rusa dictaminó que Navalni había violado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional e hizo efectiva una pena suspendida de 3,5 años de cárcel, por fraude y blanqueo, dictada contra él en 2014.
El recurso de apelación no prosperó, si bien se restó a esta pena el tiempo que Navalni había pasado bajo arresto domiciliario, de modo que el opositor tendrá que permanecer en un centro penitenciario dos años y medio.
La práctica habitual en Rusia consiste en aislar a una persona condenada en una instalación de reclusión preventiva previamente a su ingreso en un centro penitenciario, donde cumplirá la pena. Navalni pasó esa cuarentena en un centro de reclusión en Kolchúguino, en la provincia de Vladímir, pero el 12 de marzo, según sus abogados, fue trasladado a otro lugar, hasta ahora desconocido.
Según algunas conjeturas, Navalni habría sido trasladado al centro penitenciario número 5 en la ciudad de Vladímir, a unos 180 km al este de Moscú, o al número 2, en Pokrov, a unos 100 km de la capital.
Algunos medios señalan este último destino, pero los abogados del opositor que llegaron a Pokrov este lunes no han podido hasta ahora confirmar su presencia o ausencia en el centro penitenciario.
Tampoco el Servicio Federal Penitenciario (FSIN, por sus siglas en ruso) ayuda a aclarar las dudas, alegando que la ley le impide desvelar el lugar del cumplimiento de la pena a nadie, salvo familiares del condenado.
