Audiencia Nacional
En una providencia recogida por Europa Press, el magistrado da dos días de plazo para que la Fiscalía y las partes personadas “aleguen lo que a su derecho convenga” sobre “la conveniencia procesal de proceder a la agrupación de las acusaciones populares”.
Calama confirma la personación de PP, Vox y Hazte Oír y traslada que hay otras cinco entidades que todavía no han sido admitidas al estar pendientes de la prestación de las fianzas y la subsanación de diferentes defectos procesales, entre las que se encuentran Manos Limpias, Iustitia Europa, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum. Asimismo, la providencia indica que se da por personado al letrado Víctor Moreno Catena como abogado del investigado José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez ha citado como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio tras imputarle en la causa al apreciar indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
El magistrado atribuyó a Zapatero el liderazgo de una presunta trama de tráfico de influencias con sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer “influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
En concreto, recoge la citada agencia, Calama investiga si el expresidente intervino en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea a cambio del cobro de supuestas comisiones millonarias ilegales.
En el auto de imputación, el magistrado aseguró que Zapatero y su entorno recibieron casi dos millones de euros procedentes de la presunta trama tras el rescate de Plus Ultra, afirmando que el exdirigente socialista ordenó crear una sociedad opaca en Dubái para canalizar el cobro de las mencionadas comisiones.
Parte de ese dinero le habría llegado a través de la empresa Análisis Relevante, empresa propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente y también imputado en esta causa, por supuestos trabajos de consultoría que el magistrado sospecha que fueron ficticios.
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