El impuesto europeo a las tecnológicas se complica cada vez más

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El gravamen del 3% a las ventas de Google, Amazon, Facebook y Apple propuesto por la Comisión Europea para acabar con los ‘tejemanejes’ fiscales de las grandes tecnológicas parece cada vez más lejos. Cuatro de los países más reacios a la puesta en marcha del impuesto, Irlanda, Finlandia, Suecia y República Checa, se han unido para presentar de forma conjunta un documento de rechazo.

Aseguran que la tasa crearía problemas de doble tributación que podrían contravenir los tratados fiscales bilaterales entre los estados miembros y terceros países, así como el Marco Inclusivo de BEPS de la OCDE/G20 contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Un argumento que ya ha defendido también alguna de las empresas afectadas por el impuesto.

“Dadas las consecuencias políticas, económicas y legales potencialmente de gran alcance de la introducción de un impuesto a nivel de la UE que no está en línea con los tratados fiscales, consideramos que es necesario un debate sobre la compatibilidad del DST (impuesto a los servicios digitales) con las obligaciones internacionales, especialmente en los tratados fiscales de los estados miembros con terceros países”, señala el documento al respecto, según recoge el periódico irlandés The Irish Times.

Irlanda, país en el que tributan Apple o Google en Europa por su bajas tasas impositivas para las empresas, es uno de los más críticos con la tasa digital que propone la Comisión Europea. Entre otras justificaciones, como la ya citada, sostiene que el tributo perjudicaría la competitividad europea y podría acrecentar las tensiones comerciales con EEUU.

Por su parte, los países nórdicos afirman que se debería desechar un plan de acción primero a escala comunitaria y habría que esperar a unas normas a escala internacional, pues de lo contrario podría resultar perjudicial para las grandes empresas digitales europeas.

El Ejecutivo europeo propuso en marzo un impuesto provisional en la UE a determinados ingresos de actividades digitales que actualmente “quedan completamente fuera del actual marco fiscal”. Se aplicaría solamente “a las empresas con un total anual de ingresos de 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones de euros en la UE” y tendría un tipo de gravamen del 3% de las ventas, lo que, según sus cálculos, generaría a los Estados miembros unos ingresos fiscales por valor de 5.000 millones de euros anuales.

Se gravarían, en concreto, los ingresos generados por la venta de espacios publicitarios ‘online’, los facturados a partir de las actividades de intermediarios digitales que permitan a los usuarios interactuar con otros usuarios y que puedan facilitar la venta de bienes y servicios entre ellos (es decir, las actividades de la llamada ‘economía colaborativa’) y los ingresos generados a partir de la venta de datos obtenidos de información aportada por el usuario.

Luxemburgo, Dinamarca o Malta también han mostrado su rechazo al tributo, que busca armonizar la imposición de las actividades digitales. Austria, que tiene la presidencia de la UE, y Francia, firme defensora de la propuesta, confían en que las normas sean aprobadas en diciembre, pero la falta de consenso parece cada vez más amplia. Alemania que en un principio apoyó el impuesto, empieza a mostrar sus dudas al respecto a la hora de aplicar las medidas.

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