Currently set to Index
Currently set to Follow

El Gobierno sondea a Ciudadanos para negociar Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Congreso

El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal

El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

El Gobierno se ha puesto en contacto con Ciudadanos para sondear su disposición a negociar la nueva Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Congreso, según ha desvelado este miércoles el portavoz adjunto de la formación naranja en la Cámara Baja, Edmundo Bal.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bal ha explicado que este lunes recibió una llamada del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, al que trasladó sus demandas en relación con esta norma.

La llamada del secretario de Estado se produjo apenas horas después de que los partidos independentistas del Congreso registraran una serie de enmiendas conjuntas a la Ley de Memoria entre la que destaca una para suprimir el título de Rey que Franco entregó a Juan Carlos I.

Bal ha recalcado que Cs fija como condición ‘sine qua non’ para empezar a hablar sobre la Ley de Memoria que se tengan en cuenta sus reclamaciones con respecto a la víctimas del terrorismo. La formación naranja denuncia que la ley de memoria olvida a este colectivo y exige que se apruebe una norma para prohibir los homenajes a etarras y acelerar la investigación de asesinatos de ETA pendientes de esclarecer.

MULTAS PARA QUIEN HAGA HOMENAJES

Bal ha recordado que el proyecto de ley de memoria democrática contiene «muchas cosas que no les gustan nada», pero ha hecho hincapié en que lo que es «inasumible» es que el Gobierno enmarque los homenajes a etarras en el ejercicio de la libertad de expresión.

Así, ha puesto en valor su proposición de ley de reparación integral de las víctimas del terrorismo que prohíbe estos actos, prevé sanciones administrativas para quienes los organicen o alienten y que «puedan recuperar todos sus derechos» las personas que tuvieron que dejar el País Vasco y Navarra por la amenaza terrorista.