En una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, ha explicado que esa fue una de las peticiones que le trasladó el Sindicato catalán de Inquilinos, cuyas reivindicaciones le parecieron “razonables” y que estudiará. También ha avanzado que buscarán “los máximos consensos posibles” con los grupos políticos para sacar adelante el proyecto de ley, y ha lamentado que tanto Ciudadanos como PP hayan rechazado por adelantado darle apoyo.
“El texto que hemos propuesto es un buen texto. Podemos asumir enmiendas que se presenten por los grupos políticos y por los colectivos”, siempre y cuando se respete la distribución competencial con las comunidades autónomas, ha recalcado.
En cambio, ha rechazado que el Gobierno pueda retirar el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de los alquileres para obtener el voto, por ejemplo, de ERC: “Difícilmente es un recurso que se pueda retirar. Me gustaría separarlo”.
“Incluso había un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries y del Consejo de Estado, que decía que esa ley vulneraba las competencias exclusivas del Estado de regulación de arrendamientos urbanos”, ha añadido.
Sobre el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la ministra ha dicho que el Gobierno tiene al respecto “informes de juristas de reconocida competencia que aseguran que esta ley no vulnera ninguna competencia”. En ese sentido, ha asegurado que el CGPJ es un órgano que “haría bien en renovarse, que sería el primer síntoma de normalidad”, y ha sostenido textualmente que hizo valoraciones más políticas que técnicas.
Escudo social
La ministra ha detallado que estudian también si prorrogar o no más allá del 28 de febrero las medidas de escudo social que incluían una moratoria en los desahucios por la pandemia. A este respecto ha señalado que estas medidas se establecieron cuando “se dieron circunstancias excepcionales y particulares que ahora no se dan”.
