“La memoria no puede estar bajo llave”, afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes, cuando anunció la desclasificación de estos documentos. Algo que se hace, defendió, “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. “Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, señaló.
Tal y como explicó este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, son “unidades documentales” que durante décadas han permanecido clasificadas como secretas y que a partir de ahora podrán “ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales”.
Miles de documentos que recogen conversaciones telefónicas, una “presunta planificación del golpe” manuscrita de 1980, notas sobre la secuencia del asalto al Congreso o textos sobre la sentencia del 23F, entre otras cuestiones.
“Comprender las lecciones del 23F refuerza la calidad de nuestro sistema democrático”
“El 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional”, señala el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifica esta documentación, que ha publicado este miércoles el BOE.
Según expone, “el intento de golpe de Estado, que comenzó con la irrupción de un grupo de guardias civiles en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, evidenció la fragilidad del proceso democrático recién iniciado, pero también permitió comprobar la firmeza del Estado de Derecho, la actuación serena y responsable de los poderes públicos y la respuesta de una ciudadanía comprometida con la libertad”.
Para el Gobierno, “el conocimiento riguroso de nuestro pasado reciente, y en particular de aquel intento de quebrar el orden constitucional, nos recuerda que la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones”.
“Comprender las lecciones del 23F”, asegura el acuerdo, “contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores de pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático”.
