El decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros para ayudar a las familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler debido a los efectos económicos de la lucha contra el coronavirus incluirá finalmente una distinción expresa entre los pequeños propietarios y los fondos de inversión, que deberán asumir parte del impacto. Además, los créditos del ICO para para la renta estarán exentos de comisiones e intereses, y se prohibirán los desahucios durante un período de seis meses.
En concreto, el texto que se someterá mañana a la aprobación del Consejo de Ministros incluirá la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, al menos hasta que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma. Asimismo habrá una prórroga extraordinaria, también se seis meses, en los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual.
Para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler debido a una caída de los ingresos debido al estado de alarma, se les permitirá acogerse a microcréditos sin coste de intereses ni comisiones. Este dinero lo podrán devolver en un plazo de seis años. De no saldarse para entonces la deuda, habrá una prórroga de otros cuatro años.
Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos
El Gobierno ampliará además las condiciones para ser considerado dentro de este concepto de “hogar vulnerable”. En este caso se permite que se acojan todas las personas paradas, afectadas por ERTE o reducciones de jornada, y autónomos que no lleguen al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y dependientes a cargo). Fuentes del Gobierno señalan que de este modo un gran número de personas inquilinas podrán acogerse a estas ayudas.
Por el lado de los arrendatarios, los pequeños propietarios tendrán derecho a cobrar íntegro el alquiler, mientras que los fondos y grandes tenedores deberán ofrecer a los inquilinos o bien una quita del 50% de la deuda o bien una reestructuración de esa deuda de dos o tres años.
En ese sentido, fuentes del Gobierno señalan que Unidas Podemos se ha salido con la suya en una de sus principales reivindicaciones: la distinción expresa entre los pequeños propietarios -que tendrán garantizado el cobro íntegro de sus rentas; y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda, que asumirán parte del impacto de la medida y tendrán que efectuar quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos.
