El Gobierno abonó hace tres años 1.755 millones de euros a la concesionaria Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo ACS, en concepto de indemnización por el fallido almacén subterráneo de gas natural Castor. Este coste, asumido por el operador Enagás, se tradujo en una deuda del sistema gasista que superará los 4.700 millones una vez sumados los intereses, y que están pagando los consumidores en su recibo energético. Esta indemnización al grupo que preside Florentino Pérez no debía haberse abonado, al menos en su totalidad, pues la instalación no estuvo oficialmente operativa, según Compromís.
En una respuesta al portavoz de la Compromís en el Senado, Carles Mulet, el Gobierno admite que la planta debía contar con un acta de puesta en servicio definitivo. “Para tener la certitud del óptimo funcionamiento de las estructuras geológicas como almacenamiento subterráneo, se establece que el acta de puesta en servicio se otorgue en dos fases”, explica el Ejecutivo en su respuesta: “En un primer momento las Direcciones de las áreas, o en su caso, Dependencias de las Áreas de Industria y Energía extenderán un acta de puesta en servicio provisional” y “posteriormente, tras demostrarse que la instalación ha funcionado de acuerdo con sus parámetros nominales, se podrá extender el acta de puesta en servicio definitivo”.
Según Mulet, la controvertida cláusula sobre la devolución de la inversión incluida en el Real Decreto de la concesión del almacén en 2008 apunta que, ante un caso de extinción de la concesión, “se abonará el valor neto contable siempre que las instalaciones sigan operativas”. Para el senador, “en el caso del Castor esto no se dio, pues se frenó la inyección de gas con los primeros temblores. Jamás han estado en funcionamiento las instalaciones como para que se les otorgara el acta de puesta en servicio definitivo”.
Por ello, exige al equipo de Mariano Rajoy que explique por qué se abonó la totalidad de la indemnización “hasta el último día”, a pesar de “no funcionar estas instalaciones correctamente”.
Ante la tardanza del Gobierno para dar respuesta a las cuestiones sobre el tema, el senador de Compromís anuncia que la coalación va reclamar una “copia del acta de puesta en servicio definitivo y nuevos documentos, así como una auditoría”. Recuerda además al respecto que el Consejo Nacional de la Energía detectó costes “que no fueron supervisados y sí abonados”.
“No puede ser que el Gobierno parezca más estar del lado de la empresa antes que de los consumidores de gas como ya demostró el PP rechazando en solitario la creación de una comisión de investigación en el Senado, por lo que reclamaremos nuevos documentos y no dudaremos en llevarlos a sede judicial si es el caso”, añade Mulet en un comunicado.
