El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, para hacer frente “a las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo”. En resumen, el plan anticrisis del Ejecutivo que prorroga gran parte de las medidas ya existentes, como las bonificaciones al transporte público o la rebaja del IVA a alimentos básicos.
Entre sus casi 150 páginas se recoge la continuidad del gravamen a los ricos. “Se prorroga la aplicación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica”, detalla el BOE.
“La adopción de esta medida se estima imprescindible y urgente para que dicha reforma se lleve a cabo en las debidas condiciones de armonización tributaria, de manera que, en su punto de partida, las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas Comunidades Autónomas no difieran sustancialmente”, afirma. Además, “la medida se entiende necesaria para seguir exigiendo un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica”.
Esto supone que el Gobierno vincula dicho impuesto a la reforma de la financiación de las Comunidades Autónomas, tan demandada por algunas regiones y que tanta división despierta. Y es que, no hay consenso en cuanto al reparto, lo que ha dificultado el acuerdo en los últimos años.
Además, extiende el mínimo exento de 700.000 euros “a todos los sujetos pasivos del impuesto, con independencia de que sean o no residentes en España”.
Impuesto a la banca y energéticas
Asimismo, respecto a los gravámenes a la banca y a las energéticas, el Ejecutivo de coalición los mantiene durante 2024, aunque con algunos cambios. “Se modifican determinadas normas tributarias”, expone el BOE, “sin perjuicio del establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación en el sector energético para las inversiones estratégicas realizadas desde 1 de enero de 2024”.
A esto hay que sumar que se revisará “la configuración de ambos gravámenes para su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024 y se concertarán o conveniarán, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra”.
