Donald Trump, expresidente de EEUU
La orden, firmada por el fiscal general interino, Todd Blanche, amplía el pacto anunciado el lunes, por el que Trump retiró la demanda de más de 8.380 millones de euros presentada contra la hacienda estadounidense por la filtración de varias de sus declaraciones fiscales.
El acuerdo supone un movimiento sin precedentes en la relación entre la Casa Blanca y el organismo tributario estadounidense, al limitar de forma permanente la capacidad del fisco para revisar ejercicios fiscales anteriores del presidente.
El memorando firmado por Blanche establece que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) queda “permanentemente inhabilitado e impedido” de presentar demandas o reclamaciones contra Trump, su familia o sus empresas relacionadas con declaraciones fiscales pasadas, tanto por cuestiones conocidas como desconocidas.
El acuerdo impide al IRS reabrir investigaciones fiscales pasadas vinculadas a Trump y su entorno empresarial
Un portavoz del Departamento de Justicia ha asegurado que la orden afecta únicamente a auditorías existentes y no impide posibles revisiones futuras sobre nuevos ejercicios fiscales. Según el Gobierno estadounidense, el acuerdo responde a la lógica habitual de los pactos extrajudiciales, en los que ambas partes renuncian a litigios relacionados con los mismos hechos.
| Claves del acuerdo entre Trump y el IRS | Datos |
|---|---|
| Demanda retirada por Trump | 8.380 millones de euros |
| Fondo de compensación previsto | 1,4 billones de euros |
| Fecha límite para reclamaciones | 15 de diciembre de 2028 |
| Firmante de la orden | Todd Blanche |
Trump, junto a sus hijos Donald Jr. y Eric Trump y la Organización Trump, había denunciado al IRS a finales de enero por la filtración de documentos fiscales a varios medios de comunicación por parte de un excontratista de la agencia, actualmente encarcelado.
La demanda de Trump se originó por la filtración de declaraciones fiscales a medios estadounidenses
Como parte del pacto, el Departamento de Justicia impulsará además un fondo de compensación de 1,4 billones de euros destinado a personas que aseguren haber sido víctimas de la supuesta “instrumentalización” de la Justicia durante administraciones anteriores.
La comisión encargada de gestionar el fondo estará integrada por cinco miembros nombrados por el fiscal general y podrá tramitar solicitudes hasta diciembre de 2028. El dinero no utilizado regresará posteriormente al Gobierno federal.
La decisión ha provocado críticas en sectores políticos y jurídicos de EEUU, donde varios analistas consideran que el acuerdo otorga a Trump un blindaje extraordinario frente al organismo tributario federal.
El pacto abre un nuevo debate político y legal sobre los límites del poder presidencial en EEUU
El Departamento de Justicia insiste en que el objetivo del acuerdo es cerrar definitivamente los litigios pendientes entre ambas partes y evitar nuevas disputas judiciales derivadas de las filtraciones fiscales.
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