La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostró ayer el lamento del Ejecutivo por el ERE presentado por CaixaBank pero al mismo tiempo aseguró que hubiera sido mayor si no fuera por la fusión entre la entidad y el rescatado Bankia. “Si no se hubiera producido la fusión entre CaixaBank y Bankia seguro que estaríamos asistiendo a un expediente muy superior al que tenemos por delante”, señaló tras la reunión del Consejo de Ministros. “Podría haber sido un expediente muy superior si cada entidad hubiera hecho su reestructuración por su lado y no se hubiera producido una concentración”, insistió.
Las cifras en bruto son embargo son muy elevadas. Los 8.291 despidos puestos sobre la mesa implican no solo un 18% de la plantilla de la nueva CaixaBank, sino también el mayor recorte de este tipo acometido por un banco español en la historia. De hecho, si se compara el ajuste con la plantilla de la absorbida Bankia al cierre de 2020 el resultado es que es el equivalente a un 52% de la plantilla del banco rescatado (15.950 trabajadores).
No obstante, el recorte afectará por igual a trabajadores provenientes de CaixaBank y de Bankia, y el banco pretende llevarlo a cabo mediante salidas voluntarias. Algo que los sindicatos consideran improbable dada la cuantía del ajuste. Los representantes de los trabajadores han criticado con dureza el ajuste al que califican de “barbaridad” o “salvajada”.
El grupo BFA-Bankia recibió una inyección de 22.424 millones de euros, de los que 10.620 millones fueron a parar directamente a Bankia (la filial cotizada). Posteriormente, el grupo absorbió BMN, que había recibido un rescate de 1.645 millones de euros, situando la cifra total en 24.069 millones. Si se suman los pagos de dividendos a la venta de paquetes accionariales, el Estado ha recuperado unos 3.300 millones de euros.
El Estado controlaba un 60% de Bankia que, tras la absorción por parte de CaixaBank, pasa a ser un 16,1% del nuevo banco.
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