“Observamos con temor el potencial impacto devastador que tendría un eventual colapso de la Atención Primaria sobre nuestros servicios, ya de por si altamente tensionados”, afirma la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). Y es que, tal y como explica, “actualmente atendemos a un 25% más de pacientes de media (incluso alcanzando puntualmente un 40% en algunas Comunidades Autónomas) respecto a 2019”.
Desde SEMES, el segundo mayor colectivo médico de España, trasladan su “respeto y solidaridad” hacia los médicos de familia “dedicados a un ámbito sanitario tan importante como el de la Atención Primaria, incluyendo los centros de atención continuada, también conocidos como urgencias extrahospitalarias”. “Sin ser ese nuestro campo de actuación legalmente atribuido, podemos no solo comprender, sino empatizar con su sentir, derivado del elevado nivel de agotamiento y desazón que compartimos, tras estos duros años en la primera línea de lucha contra la pandemia, junto a la amenaza creciente de falta de recursos”.
“Una amenaza”, continúa, “que tiene especial significancia para nuestro caso ya que, a la exigencia de excelencia en el diagnóstico y a la atención, hay que añadir la tensión permanente que conlleva el tener la vida del paciente en nuestras manos, de manera tiempo-dependiente”. Ante esto, ponen de manifiesto su “temor” respecto “al potencial impacto devastador” que una crisis en la Primaria tendría sobre las urgencias y emergencias.
Según incide, la actual “falta manifiesta” de médicos y enfermeras que va a ir a peor con las jubilaciones previstas y con la “fuga de talentos” de los médicos jóvenes, “derivada de unas condiciones laborales poco razonables, de la incapacidad de atracción de algunas especialidades (en especial, medicina de familia, que no ha cubierto todas las plazas de MIR ofertadas) y de la imposibilidad de satisfacer la vocación de muchos estudiantes”.
Ante esta situación, desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias se ha pedido al Gobierno un Pacto de Estado por la Sanidad Pública “implicando a todos los actores”. “Un tratado basado en el espíritu de consenso y en el compromiso social, garante de la sanidad pública de calidad, segura y universal que pueda asegurar la permanencia del Estado de Bienestar, no solo para todos los ciudadanos y ciudadanas de hoy, sino también para las generaciones futuras”, defiende.
