El colapso del Supremo se acentúa con una segunda jubilación en lo que va de marzo

Justicia

El colapso del Supremo se acentúa con una segunda jubilación en lo que va de marzo

La salida de la magistrada Inés Huerta eleva a 21 las vacantes en el alto tribunal ante la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos.

Tribunal Supremo

Tribunal Supremo.

La jubilación de la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) Inés Huerta agrava el colapso del órgano ante la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté en funciones, algo que ocurre desde 2018. Es la segunda jubilación que se produce este mes y se espera que en abril se sume una más, la primera en la Sala de lo Penal.

Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación forzosa de la magistrada por cumplir la edad legalmente establecida este 27 de marzo.

Fuentes jurídicas indican a Europa Press que con la salida de Huerta sigue menguando la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que pasa de 22 a 21 magistrados. Según recoge la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, esta Sala debería estar compuesta por 33: un presidente y 32 magistrados.

Huerta formaba parte hasta ahora de la Sección Quinta de lo Contencioso que entre los asuntos que tiene encomendados revisar figura como pendiente el de los recursos contra los indultos que el Gobierno concedió a los líderes del ‘procés’ condenados por el Supremo.

Dicha Sección está conformada por el expresidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes, que ya ha avisado que se apartará del asunto; la propia Huerta, que se jubila; y los magistrados Wenceslao Olea, Ángel Arozamena y Ángeles Huet. El magistrado Octavio Herrero se jubiló el pasado diciembre. Según las fuentes jurídicas consultadas, hasta ahora no se ha reestructurado la Sección.

Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, junto a la Sala de lo Social, es la que más afectada se ha visto por la ley aprobada en marzo de 2021 que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras este funciones –como está desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y elegir a los 20 vocales que les corresponden–.

Además, ambas salas son las que acumulan la mayoría de las reclamaciones realizadas ante el Supremo por los efectos de la pandemia, desde reclamaciones laborales a administrativas. Las fuentes señalan que ello ha provocado un aumento de los casos a resolver justo cuando son menos magistrados, lo que se ha traducido en un atasco importante en ambas sedes.

Con la jubilación de Huerta ya son 21 las vacantes en el Supremo, que sufre bajas en casi todas sus Salas. De momento, la única intacta es la Sala de lo Penal, que sufrirá su primera baja en abril.

La Sala de lo Civil cuenta con 8 de los 10 magistrados que debería de tener. La de lo Social cuenta con 8 de los 13 que le corresponde y en julio sumará una nueva vacante. La de lo Militar tiene 6 de los 8 magistrados que debería tener y en septiembre contará con uno menos.

Ante este escenario, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado febrero solicitar al Ministerio de Justicia –dirigido por Pilar Llop– que autorizase la creación de 15 nuevas plazas de letrado para dar apoyo a dos de las Salas del Supremo que acumulan un gran número de vacantes.

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