El órgano ejecutivo del CGPJ ha acordado ratificar la declaración que hizo el pasado 9 de noviembre, tras conocerse dicho acuerdo, en la que expresó su “frontal oposición” a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto ‘lawfare’ y anticipó que actuaría por “los cauces legalmente establecidos” si llegaran a materializarse.
La Comisión Permanente ha revisado el asunto en una reunión extraordinaria convocada para este martes a petición de los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la constitución de dos comisiones de investigación que versarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 y sobre la denominada ‘Operación Cataluña’.
En este contexto, la Comisión Permanente ha añadido a esa primera declaración que “el Consejo General del Poder Judicial se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación”. El acuerdo ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, después de que tanto él como las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas expresaran su apoyo al texto. Por su parte, la también vocal progresista Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.
Sin embargo, los tres promotores –Ballestero, Carmona y Llombart– han votado en contra y han anunciado la formulación de un voto particular por considerar que el acuerdo es “insuficiente” y necesita ser ampliado, según ha informado el CGPJ. Estos tres vocales pidieron la reunión extraordinaria al considerar que la amenaza recogida en el acuerdo PSOE-Junts se ha materializado con la creación de esas dos comisiones parlamentarias.
“Momento de continuar con la oposición”
“Ha llegado, pues, el momento de continuar con la oposición anunciada a la creación de dichas comisiones en el legítimo ejercicio de las competencias atribuidas a este Consejo, creado precisamente por la Constitución Española, superando la etapa dictatorial de unidad de poder y coordinación de funciones, para garantizar la independencia del Poder Judicial”, sostienen en su voto particular.
Para ellos, se trata de “una exigencia democrática” por cuanto con dichas comisiones se pretende “generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería sólo la legal –penal, civil o disciplinaria– sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la Ley”. “Este juez constitucional y europeo, único que puede garantizar un juicio justo”, señalan, es “al que ponen en cuestión” las recientes declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por su ministro de Transportes, Óscar Puente.
