Así se desprende del Informe de Estabilidad Financiera de Primavera que el n ha publicado este miércoles y en el que dedica un capítulo temático a los diferentes Códigos de Buenas Prácticas, incluyendo el primero, aprobado en 2012, y los otros dos, aprobados en noviembre de 2022, uno que reforma el de hace diez años y otro que es nuevo código para familias en riesgo de vulnerabilidad y que solo estará vigente hasta diciembre de 2024.
De esta forma, el Banco de España señala que la reforma del Código de Buenas Prácticas amplía los criterios por los que una familia o deudor hipotecario puede acogerse a las diferentes medidas contempladas, de tal manera que, teniendo en cuenta una subida del tipo de interés de referencia de los préstamos hipotecarios de 400 puntos básicos (similar a la observada desde el inicio de 2022 hasta ahora) habría unos 549.000 hogares que podrían acogerse al mecanismo temporal que representa el nuevo Código de Buenas Prácticas.
“Esta cifra supone unos 404.000 hogares más de los que habrían podido adherirse a la versión original del Código de Buenas Prácticas de 2012”, revela, recoge Europa Press.
Durante la presentación del informe, el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España ha señalado que esta cifra de 549.000 hogares es distinta a la que el Gobierno manejaba en noviembre –cuando estimaba que un millón de familias podría acogerse a las medidas–, ya que se han tenido en cuenta distintos rangos de subidas de tipos.
El capital pendiente de amortizar de estos hogares elegibles por el nuevo Código sería de unos 46.900 millones de euros, unos 37.700 millones de euros de euros más que con las condiciones originales del anterior Código de Buenas Prácticas.
Además, existirían casi 218.000 hogares que podrían acogerse al mecanismo “más estructural” del código de 2012 en su versión reformada en noviembre de 2022, 73.000 hogares más de los que habrían podido acogerse al texto anterior. El capital pendiente de amortizar de estos hogares sería de unos 17.900 millones de euros, unos 4.800 millones de euros más.
En su informe, el Banco de España señala que los hogares elegibles dentro del Código de Buenas Prácticas de 2012 reformado también lo serán, de forma general, dentro del nuevo Código de Buenas Prácticas de 2022 de carácter temporal, pudiendo optar entre uno y otro, por lo que pide no sumar el número de hogares elegibles en estas dos modalidades, así como su capital pendiente.
Por otro lado, el supervisor indica en el informe que es previsible que no todos los hogares que pueden acogerse al código lo soliciten y que, además, la adhesión no sea efectiva para todos los solicitantes.
De esta forma, con la información disponible de las solicitudes de adhesión al código de 2012, el Banco de España ha considerado dos escenarios para obtener un porcentaje aproximado de solicitudes de adhesión válidas, pero que, en todo caso, suponen cifras “sensiblemente inferiores” a las de los hogares que pueden adherirse.
El primero es “más representativo de las consecuencias de una crisis profunda” y se proyecta a partir de los dos años consecutivos (2015 y 2016) en los que se observó un mayor número de adhesiones efectivas al código de buenas prácticas de 2012.
Teniendo en cuenta igualmente una subida de 400 puntos básicos del tipo de referencia, el mecanismo temporal en el nuevo código de 2022 alcanzaría a unos 193.000 hogares, con un capital pendiente de amortizar de 16.400 millones de euros, mientras que el mecanismo más estructural del código de 2012 reformado beneficiaría a unos 76.000 hogares, con una deuda pendiente de amortizar de 6.300 millones de euros.
En el segundo escenario, en cambio, se contempla que el porcentaje de solicitudes de adhesión efectivas sea el de los dos años con un menor número de adhesiones efectivas (entre 2019 y 2020), por lo que el nuevo código beneficiaría a unos 26.000 hogares, con un capital pendiente de amortizar de 2.200 millones de euros, mientras que el código de 2012 reformado afectaría a unos 10.000 hogares con un capital pendiente de amortizar de unos ocho millones de euros.
Mayor impacto en épocas de crisis
En el mismo capítulo, el Banco de España concluye que la experiencia de la aplicación del código de 2012 muestra que estas medidas tienen un papel “particularmente relevante” como mecanismo de absorción de las consecuencias de crisis. Sin embargo, tiene una función más limitada en situaciones normales, continúa la citada agencia.
Además, prevé que la implementación del Real Decreto-ley 19/2022 tenga un efecto positivo “muy moderado” a corto plazo en el consumo y en el nivel de actividad del PIB, ya que el estímulo estaría “acotado por el número limitado de hipotecados elegibles”, un número que se reduciría todavía más teniendo en cuenta las adhesiones efectivas que se realizaron al código de 2012.
En cambio, alerta de que las medidas acordadas en noviembre de 2022 pueden implicar costes para los hogares, en forma de un mayor nivel de endeudamiento o menor acceso al crédito futuro. A este respecto, explica que implican un mayor nivel de deuda del hogar por más tiempo, incluyendo el aumento de los gastos por intereses, aumentando, igualmente la sensibilidad a potenciales subidas futuras de tipos.
Reconoce que algunas de las nuevas medidas, como la suspensión temporal de comisiones de amortización, operarían en sentido contrario y permitirían reducir la deuda de los hogares, mientras que la conversión de operaciones de tipo variable a tipo fijo limitaría esa sensibilidad a futuras subidas de tipos de interés.
“En cualquier caso, el recurso a estas medidas por parte de un hogar constituye una señal negativa de su calidad de crédito y puede perjudicar su acceso futuro a él. Esto último haría sus gastos futuros más sensibles a perturbaciones de su renta”, añade al respecto.
En cuanto al impacto que las medidas puedan tener en la banca, señala que las extensiones de plazo y carencias pueden ayudar a prevenir o a gestionar y corregir una evolución más desfavorable de la calidad crediticia, limitando los costes por cobertura de las entidades bancarias.
En cambio, cree que medidas como las quitas o la dación en pago –que estaban contempladas en el código de 2012 en caso de que la reestructuración de deuda no fuera viable, pero no en las medidas de 2022– sí supondrían, de forma general, un coste neto para las entidades y reducirían “en alguna medida” su capacidad de intermediación.
Pese a todo ello, el Banco de España señala que para extraer los máximos beneficios de las medidas aprobadas en 2022 y limitar los costes tanto a hogares como a los bancos, es importante una “correcta implementación” de estas, incluyendo un ámbito de aplicación temporal “adecuado” y la focalización de las medidas en segmentos financieros vulnerables.
