El BCE sitúa a España a la cola de las ayudas públicas de la eurozona para hacer frente a la crisis

Crisis del Covid

El BCE sitúa a España a la cola de las ayudas públicas de la eurozona para hacer frente a la crisis

En el conjunto de la eurozona el gasto medio en paquetes fiscales fue del 4% del PIB.

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, Madrid (España), a 30 de junio de 2020

España fue el país de la eurozona que menos ayudas respecto a su producto interior bruto (PIB) puso en marcha el pasado 2020 para hacer frente a la crisis desatada por el covid-19. Así lo pone de manifiesto al menos un documento del Banco Central Europeo (BCE) a partir de datos ofrecidos por la Comisión Europea y en el que analiza las respuestas fiscales de los diferentes estados miembro a la pandemia.

“La política fiscal es el instrumento más adecuado para abordar el impacto perjudicial de la pandemia en la economía, ya que está bien equipada para diferenciar y canalizar el apoyo económico hacia donde más se necesita”, explican los autores del BCE. Sin embargo, la respuesta ha variado según países: España se sitúa a la cola, con un gasto comparable a un 1,3% del PIB, muy por debajo de la media europea del 4%, mientras que en países como Lituania o Austria las ayudas habrían superado el 6%.

Fuente: BCE a partir de datos recogidos por la Comisión Europea

No obstante, los propios autores del documento reconocen que “cuantificar las medidas fiscales discrecionales en respuesta a la crisis del covid-19 y compararlas entre países está sujeto a grandes desafíos”. En primer lugar, “no existe un historial consistente de las medidas que los países han implementado”. Además, “si bien los Estados miembros suelen anunciar estimaciones ex ante de los costes presupuestarios en el momento del anuncio de los paquetes fiscales, esas cifras suelen ser propensas a revisiones sustanciales a lo largo del tiempo, en particular debido a tasas de utilización más bajas de lo esperado”.

“Para algunos países, las cuantificaciones de la Comisión Europea difieren de las de las autoridades nacionales, en particular en lo que respecta al gasto relacionado con los planes de trabajo a jornada reducida [los ERTE en el caso español]. “Si bien la Comisión tiende a tratar este gasto como parte de la operación de estabilizadores automáticos, posiblemente, pero no necesariamente, bajo el supuesto de que este gasto se activa automáticamente por criterios como una disminución en las ventas o una caída en la producción, algunos países lo informan como un medida discrecional”.

Según publica el diario El País, que se hizo eco con anterioridad de este documento del BCE, el Gobierno español cifra en un 5,5% del PIB el gasto en ayudas y medidas fiscales, muy por encima del 1,3% proyectado por los economistas del banco central.

En conjunto, el BCE destaca que las medidas adoptadas por los países pueden clasificarse aproximadamente en dos categorías: “medidas presupuestarias, que normalmente tienen un efecto inmediato en el saldo presupuestario”; y “medidas de liquidez, que normalmente no afectan inmediatamente el saldo presupuestario en el año en que se implementan, pero implican pasivos contingentes que pueden afectar las posiciones fiscales”.

“Todos los países informantes habían legislado para paquetes fiscales sustanciales en 2020, con un promedio ponderado ligeramente superior al 4% del PIB”. Una “mirada más detallada” muestra que “las medidas de emergencia se centraron principalmente en apoyar a las empresas y el empleo”.

“En primer lugar, los Estados miembro adoptaron medidas sustanciales para proteger el empleo, en particular en forma de planes de trabajo de jornada reducida y otras medidas de apoyo a las empresas más afectadas, como las subvenciones. En segundo lugar, para abordar la crisis sanitaria, los Estados miembros aumentaron el gasto sanitario para cubrir los costes adicionales de personal, fármacos y hospitales, así como el gasto público adicional para garantizar el funcionamiento del sector público”, destaca el BCE.

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