A tal efecto, Elderson ha recomendado este lunes en una conferencia que los bancos se pongan manos a la obra con programas de transición compatibles con los objetivos del Acuerdo de París y la Ley Europea de Clima, que prevé una reducción del 55% en la emisión de gases de efecto invernadero respecto de 1990 para 2030 y la neutralidad en carbono en 2050.
Igualmente, les ha instado a que cesen la financiación de los combustibles fósiles, a huir del ‘greenwashing’, y a valorar el riesgo potencial de trabajar con cierto tipo de clientes, tanto a nivel económico como reputacional. De hecho, Elderson ha indicado que algunas entidades ya miden este tipo de eventualidades.
De lo contrario, las entidades financieras se exponen a ser encausadas judicialmente por parte de ONGs y grupos ecologistas al no cumplir con «las responsabilidades de la compañía de adaptarse climáticamente».
Es más, también ha hecho énfasis en el «notable incremento» en el número de litigios por daños y perjuicios derivados de la contaminación contra empresas automovilísticas o de alimentación. De su lado, Elderson ha hecho mención a las ONGs que adquieren acciones de empresas para forzar a los directivos de las mismas a asumir «su justa contribución» en cuanto a atajar el cambio climático.
Elderson lo ha ejemplificado con el caso de la petrolera Shell, que ha sido forzada por un tribunal a reducir sus emisiones en un 45% para 2030 en comparación con las emisiones de 2019.
Sin embargo, este caso se encuentra en proceso de apelación, ya que el Acuerdo de París no es aplicable a las empresas ‘per se’, aunque el juzgado opina que sí están obligadas a apoyar los objetivos propuestos por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas.
No obstante, el directivo neerlandés ha reconocido que «ni los supervisores, ni los legisladores, ni los juzgados» esperan que las empresas o bancos resuelvan ellas solas la crisis climática. Aun así, «ya no se pueden permitir el lujo» de creer que no tienen por qué aportar a la lucha contra la misma.
Elderson ha señalado que los procesos judiciales con motivaciones medioambientales también podrían llegar a alcanzar a los bancos centrales y supervisores.
