“Todo indica que el cobro de comisiones por servicios que antes eran gratuitos es una práctica que se extenderá como resultado de la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos”, ha reconocido Delgado durante su intervención en el XXVIII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte.
Al mismo tiempo, la banca está inmersa en un proceso de “transformación” hacia negocios “con una mayor generación de comisiones recurrentes”. La subgobernadora constata así que los ingresos por comisiones bancarias “tienen cada vez más peso en las cuentas de resultados de las entidades”.
En ese sentido, ha querido hacer un llamamiento a la “transparencia que debe regir la relación entre el banco y el cliente”. “El cobro de comisiones financieras está sometido a una normativa de conducta sujeta a supervisión y va ligada a la efectiva prestación del servicio. A nadie le gusta que le cobren comisiones. Pero hay que reconocer que, al recibir un servicio financiero, las entidades incurren en unos costes. Por eso, es necesario hacer un esfuerzo de transparencia y cumplimiento estricto de la normativa”, ha advertido.
Provisiones y solvencia
Por otro lado, Delgado ha valorado que los bancos “se encuentran en una posición sólida para afrontar las incertidumbres a la que esta pandemia nos tiene acostumbrados”. No obstante, “nosotros como supervisores tenemos que hacer gala de nuestra prudencia y alertar de los riesgos de un excesivo optimismo”. Por ello, “no hay que tener prisa a la hora de revertir las provisiones dotadas el año pasado hasta que no se tenga plena confianza de que la cartera crediticia evoluciona según lo previsto”.
La subgobernadora cree que “hay que ser cautos y vigilar la evolución de aquellos préstamos concedidos bajo alguno de los paraguas de protección o medidas de apoyo aprobados durante la pandemia”. Más aún porque estas operaciones “se concentran en los sectores potencialmente más afectados por la crisis”.
En cuanto a la solvencia, ha valorado que las ratios de capital aumentaron en el último año, “especialmente en la segunda mitad de 2020”. Sin embargo, “las entidades españolas tienen que seguir haciendo esfuerzos para continuar fortaleciendo su posición de solvencia porque el diferencial con el resto de entidades europeas no solo sigue existiendo, sino que ha aumentado”.
