Así lo advierten CCOO, CSIF, UGT y STAJ en un comunicado conjunto en el que reclaman al ministerio de Pilar Llop que “no utilice” la convocatoria electoral para “escabullirse de su responsabilidad” para con los empleados públicos. Según defienden, “desde el 24 de enero de este año, el Gobierno debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los Letrados/as de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo”. “Al menos”, remarcan, Justicia “era conocedor de que el conflicto era muy probable”.
Tras esto, estas organizaciones sindicales apuntan que “lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global” el Ejecutivo “decidió abordar los conflictos de forma separada: primero, el de los Letrados/as de la Administración de Justicia; luego, anticipando las reuniones con las asociaciones de jueces y fiscales al conflicto planteado de forma efectiva por los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia”.
“Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el que menos cobra y que más trabajadores/as aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia, sin que hasta ahora tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelgas”, critican. Y esto ha derivado en la paralización de actuaciones procesales y la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años.
Según los sindicatos, “el daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un Gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores y trabajadoras de Justicia, según datos de los colegios de abogados y procuradores, necesitará de varios años para recuperarse”.
Ante la proximidad de la cita en las urnas, remarcan que “no estamos ante un Gobierno en funciones, sino ante un Gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas”. “El Ejecutivo”, inciden, “está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de julio”. De ahí que no vean “impedimento legal” para negociar una solución a este conflicto. “De hecho, hay precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018”, destacan.
Estas organizaciones sindicales reclaman a Sánchez que intervenga en el conflicto “obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida”. En este sentido, hoy registran un escrito del comité de huelga al presidente del Gobierno reclamando su intervención y uno similar se dirigirá a la vicepresidenta Yolanda Díaz, “como representante de la otra parte del Gobierno de coalición”. Tal y como señalan, “la LOEO y el resto de leyes de eficiencia pendientes de tramitación en el Congreso decaerán con la publicación del decreto de disolución de las cámaras, pero todavía existe un punto de nuestras reivindicaciones que el Ministerio de Justicia, y el Gobierno en general, no pueden obviar”.
“En manos de este Gobierno, todavía en activo, está arreglar este problema latente desde hace varios años y, para ello, tiene la oportunidad de demostrar que, lejos del clasismo mostrado por la ministra de Justicia y su equipo hasta la fecha, se trata de un Gobierno dialogante”, exponen en dicha nota.
