Así lo refleja el documento titulado ‘Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular’, publicado este miércoles por la Fundación Foessa y cuyo objetivo es analizar las consecuencias que tiene sobre sus vidas, la extrema precariedad económica y el no poder acceder a ayudas de vivienda, atención sanitaria o al empleo.
Para llegar a esta conclusión y ante la falta de cifras oficiales, el informe realiza una estimación del número de personas en situación administrativa irregular en España a partir de los datos que aportan los programas de acción social de Cáritas que acogen a estas personas.
De acuerdo con esas cifras, el 32% de las personas acompañadas por Cáritas a través de sus programas y recursos en 2022 se encontraban en situación administrativa irregular. En números absolutos se trata de 500.000 personas, un 43% más que a lo largo de 2019, antes de la pandemia.
Asimismo, el 28% de las personas en situación administrativa irregular vive en hogares con todas las personas activas desempleadas. En el caso de ser las sustentadoras principales del hogar, el 23% tiene un empleo sin contrato legal y sin cotizar a la Seguridad Social.
DISCRIMINACIÓN
Además, tres de cada diez (31%) personas en situación administrativa irregular atendida por Cáritas reconocen además haber sufrido un trato discriminatorio por razón de su nacionalidad u origen étnico frente al 22% de las personas extracomunitarias y el 5% de las españolas.
El documento también muestra que el acceso a la vivienda suele ser el corolario del conjunto de situaciones de exclusión que viven estas personas. Siete de cada 10 tienen que asumir gastos excesivos de la vivienda que les dificulta mucho poder cubrir otros gastos esenciales.
La falta de ingresos estables y suficientes les obliga muchas veces a vivir en casas con importantes carencias de habitabilidad (el 17% con situaciones de insalubridad) o en hacinamiento grave (el 35%). Otras personas, el 24%, viven en hogares con tenencia de la vivienda en precario (el 11% de las personas con origen extracomunitario o el 5% con nacionalidad española).
