Así, se constata que existe un gran número de inmuebles total o parcialmente vacíos. “La existencia de estas superficies vacías o sin uso implica la asunción por el Sistema de Seguridad Social de importantes gastos e inversiones”, advierte el Tribunal a través de una nota en la que desglosa los informes aprobados por el Pleno.
Como ejemplo, en el caso de 186 inmuebles con incidencias significativas seleccionados como muestra de la fiscalización, los gastos e inversiones ascendieron a un importe de, al menos, 143,3 millones de euros hasta el año 2019.
Según el Tribunal, son diversas las razones que explicarían esta situación. Por un lado, debe advertirse de las limitadas gestiones de venta sobre inmuebles y las dificultades detectadas respecto de los procedimientos de enajenación. En este sentido, un porcentaje significativo de las subastas celebradas quedan desiertas.
Por otro lado, existen casos de sobredimensionamiento claro de algunos centros. El informe constata que tampoco existe un procedimiento adecuado de coordinación o de comunicación entre la Tesorería General de la Seguridad Social, como titular de los inmuebles, y las comunidades autónomas que los tienen en adscripción.
Más de 4.100 inmuebles de alta
En noviembre de 2019 el número total de inmuebles en alta en el Inventario General de Bienes Inmuebles de la Seguridad Social ascendía a 4.115. El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto de forma reiterada en las Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado desde el ejercicio 2002, la ausencia de un inventario general completo, actualizado y conciliado con las cifras contables, recoge Europa Press.
Esta incidencia sigue vigente en el presente Informe si bien la TGSS ha comunicado que se encuentra en fase avanzada de desarrollo una nueva aplicación informática para la gestión del inventario de bienes y derechos que facilitará la incorporación de los datos desde el aplicativo del sistema de la Seguridad Social.
En relación con la eficiencia energética de los inmuebles, el informe constata la inexistencia de un Plan Director de la Seguridad Social o Estrategia. En este sentido, ha lamentado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no cuente con un plan estratégico de eficiencia energética lo que ha determinado que tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como las Entidades Gestoras hayan debido implementar de manera individualizada las medidas que, a su juicio, y en función de los recursos económicos disponibles, han considerado que podían conducir a un uso más eficiente de los recursos energéticos.
De hecho, ninguno de los inmuebles gestionados por ellas ha obtenido la calificación energética ‘A’, predominando las calificaciones intermedias. En la mayor parte de los casos, las reformas emprendidas resultan muy limitadas.
Deficiencias presupuestarias en la Gerencia de Informática de SS
El Tribunal de Cuentas también ha elaborado y aprobado hoy el Informe de fiscalización integral de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019.
El informe tiene como objeto analizar el conjunto de la gestión y control implantados por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS). En cuanto a las principales conclusiones, y en relación con los estados financieros, el informe constata que en los ejercicios 2018 y 2019, la liquidación del presupuesto de gastos de la GISS presentó un bajo grado de ejecución siendo del 83,69% y del 63,42% respectivamente.
“Estos datos revelan deficiencias en la planificación presupuestaria”, ha señalado el Tribunal. Asimismo, en el informe se aprecia que los estados contables adolecen de deficiencias lo que nos lleva a entender que no constituyen un adecuado instrumento de gestión.
Elevada contratación de servicios externos
De su lado, el informe constata la elevada contratación de servicios externos de carácter informático (300 en 2018 y 308 en 2019). Estas cifras ponen de manifiesto, según el Tribunal de Cuentas, no sólo una elevada dependencia de los servicios externos, sino que es reflejo de una insuficiencia de personal propio relevante e implica un gran coste.
En concreto, el informe refleja que los contratos representan más del 70% del total de obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos de este servicio común de la Seguridad Social.
En este sentido, desde el Tribunal han avisado de que la contratación de servicios externos de carácter informático no responde a necesidades coyunturales, sino que se ha consolidado en el tiempo como un recurso permanente lo que revela una dependencia funcional de este servicio común con respecto a las empresas adjudicatarias.
Además, se han advertido un gran número de incidencias e irregularidades relativas a la falta de planificación, a la determinación del presupuesto de los contratos de los criterios de solvencia técnica y de adjudicación que limitan severamente la competencia, a la ejecución de los contratos y su falta de control, especialmente de la subcontratación.
