CSICA remite un escrito al Banco de España para que obligue a Liberbank a dotar las cantidades no aportadas en los planes de pensiones de los trabajadores. El sindicato CSICA ha remitido sendos escritos a la Dirección General de Regulación del Banco de España y a la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía para que obligue a Liberbank a realizar una dotación por las cantidades no aportadas a los planes de pensiones de los empleados debido al ERE.
La semana pasada, la Audiencia Nacional dio validez parcial al actual ERE temporal de Liberbank, si bien estimó “parcialmente” la demanda de CSICA en el punto referente a la suspensión de las aportaciones al plan de pensiones.
La Sala rechazó y anuló la supresión de las aportaciones a los planes de pensiones de los trabajadores durante tres años por ser contrario a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, y reconoció “el derecho de los trabajadores a ser repuestos en dichas aportaciones de previsión social, así como al abono de los daños y prejuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos”. La estimación de ahorro con estas supresiones era de unos 20 millones de euros por cada año de aplicación del ERE temporal, es decir, unos 80 millones hasta 2017.
Por ello, según considera el sindicato en una circular, independientemente de que Liberbank y Banco Castilla-La Mancha (su filial) “recurran o no en casación ante el Tribunal Supremo, CSICA se ha dirigido al Banco de España para que conozca el hecho y obligue a Liberbank a que dote las cantidades no aportadas en nuestros planes de empleo”.
El sindicato ha señalado también que ha remitido la sentencia de la Audiencia Nacional a la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones, “para que conozcan el hecho y sepan que en estos momentos las entidades del grupo Liberbank se hallan al margen de la ley, toda vez que carecen de fundamentos jurídicos para suspender las aportaciones de los 6.500 partícipes”.
Las aportaciones a los planes de pensiones son sólo una parte del dinero que Liberbank se podría ver obligado a devolver a sus empleados. El 14 de noviembre de 2013, y estimando parcialmente la demanda presentada por CSI y STC-CIC, a la que se unieron CSICA, CSIF y APECASYC, la Audiencia ya decidió anular tanto el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado por Liberbank con UGT y CCOO el 25 de junio de ese mismo año, como el ERTE unilateral que había anunciado unas semanas antes el banco.
La Audiencia Nacional entendió que hubo “vulneración de la libertad sindical”, y condenó al banco a “reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas”. Según los cálculos de los sindicatos que llevaron este ajuste laboral a los tribunales, el banco debería devolver a los empleados unos 67 millones de euros por las cantidades económicas detraídas. El propio banco cifró en unos 12.000 euros de media por cada empleado el coste de esta anulación.
Si bien el banco que preside Manuel Menéndez decidió presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, los trabajadores ya solicitaron que Liberbank hiciese una provisión para asegurarles la devolución del dinero.
