El presidente del Tribunal de Cuentas presenta en el Congreso el informe de Fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB durante el trienio de 2009 a 2012. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha reiterado hoy las críticas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la gestión de CatalunyaCaixa, entidad actualmente en venta que ha costado 12.000 millones de euros a los contribuyentes.
Según recoge Servimedia, Miranda, que ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe de Fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB durante el trienio de 2009 a 2012, considera que cuando el fondo de rescate entró en CatalunyaCaixa en octubre de 2011, “debió haber ejercido plenamente los derechos que le atribuía la normativa y haber establecido los instrumentos necesarios para evitar llegar a una situación que, según consta en las actas de la reunión de la Comisión Rectora del FROB, supuso un perjuicio para la gestión ordinaria de dicha entidad bancaria”.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha afirmado que “esta forma de actuar pudo contribuir a dificultar el cumplimiento de los objetivos de promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para resolver la situación en que se encontraba CatalunyaCaixa y velar por sus intereses”.
El Tribunal, que critica el tiempo que tardó el FROB a la hora de nombrar a todos los consejeros a los que tenía derecho en la caja catalana desde su entrada en la entidad, considera que “el FROB no actuó con la debida diligencia en la adopción de las medidas”, lo que podría haber dificultado el cumplimiento de los objetivos para solucionar la situación de la propia entidad.
Otro de los puntos que subraya este informe, es que el FROB tenía el deber de comprobar que las entidades nacionalizadas no realizaban políticas comerciales agresivas. Las entidades con ayudas públicas no podían ofrecer a los clientes mayores rentabilidades que las ofrecidas por entidades privadas. Sin embargo, el FROB no cumplió con este apartado, ya que entre junio de 2011 y agosto de 2012 las entidades incumplieron este apartado.
El informe, finalmente, concluye que el conjunto de las ayudas públicas inyectadas a la banca entre 2009 y 2012 asciende a 107.913 millones de euros, lo que incluye los esquemas de protección de activos (EPA), la suscripción de participaciones preferentes o las inyecciones directas de capital, aunque no el traspaso de activos a la Sareb.
“Hay que resaltar que aquella cuantía no equivale al coste neto de las aportaciones públicas”, ha avanzado Álvarez de Miranda, que ha recordado que la factura final “solo se podrá conocer cuando finalicen dichos procesos”. Del total de fondos destinados actualmente, 65.845 millones los ha aportado el FROB, 32.268 millones los puso el Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, los bancos privados, y 9.800 millones, el Banco de España.
