Un juez imputó ayer al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serrá, al exdirector general Adolf Todó y a otros 52 miembros del consejo de la entidad en 2010, a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. Con estos ya son más de 150 el número de consejero y directivos de las entidades rescatadas que investiga la justicia.
Los antiguos gestores de CatalunyaCaixa son por el momento los últimos en ser cercados por la Justicia, una tardanza que también ha causado extrañeza teniendo en cuenta que la entidad ha recibido más de 12.000 millones de euros de ayudas públicas, un rescate sólo superado por el de Bankia.
La ya habitual lentitud de la justicia española, exacerbada en este caso por los numerosos intereses políticos que confluyen en las cajas de ahorros, también se está haciendo patente en el caso de las entidades fundadoras de Bankia. La entidad acumulaba, hasta ayer, el mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja José Luis Olivas.
La tardanza de la Fiscalía
El número de imputados en Bankia es inferior al de Caixa Catalunya por el menor tamaño de su consejo de administración, algo que podría cambiar si se imputa a la cúpula de Caja Madrid, tal y como ha pedido UpyD. Sin embargo, seis meses después de que el partido liderado por Rosa Díez presentara una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra la entidad que presidía Miguel Blesa, su consejo de administración y su comité de dirección por estafa y apropiación indebida. Hace ya tres meses, un día después de que Blesa saliera de prisión, el abogado de esta formación, Andrés Herzog, se quejó en su cuenta de Twitter de la tardanza de la Fiscalía en adoptar una decisión. En julio, el partido pidió a la Audiencia que asumiera el caso.
UPyD denunció en marzo que las cuentas de la entidad «estaban maquilladas» y apuntó que los 152.000 millones de euros en activos que supuestamente aportaba Caja Madrid a Bankia en el momento en que se constituyó el banco, así como el patrimonio neto de 5.100 millones, «se volatilizaron». A ello suman las retribuciones «estratosféricas» de sus directivos.
Según subrayó UPyD en la demanda, las retribuciones establecidas a favor del comité de dirección son «inauditas», ya que contribuyeron a que entre 2007 y 2010 se repartieran 71,9 millones de euros entre una docena de directivos, con una media de 17 millones por ejercicio.
En concreto, alertó de que Blesa percibió un total de 12,4 millones de euros en estos cuatro años, Ildefonso Sánchez Barcoj 9,7 millones, Matias Amat Roca 9,7 millones, Enrique de la Torre 7,2 millones y Ricardo Iglesias Morado 6,2 millones de euros.
El caso valenciano
Por otro lado, el expresidente de Bancaja, Jose Luis Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida.
También en la Comunidad valenciana, la Audiencia Nacional investiga la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Hasta 30 exconsejeros y directivos de la entidad desfilarán por el banquillo aunque el juez ha optado por formar piezas separadas con las distintas acusaciones. La investigación ha incluido el registro de la vivienda del exdirector general de la caja alicantina, Roberto López Abad.
Otro de los casos que más ríos de tinta ha hecho correr por ahora es el del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida.
El juez Elpidio
Sin embargo, por el momento ha sido el juez José Elpidio Silva el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción. Blesa, mientras tanto, que al salir de la cárcel pidió un “juez imparcial”, espera noticias.
Al igual que en Caixa Catlunya, las pensiones e indemnizaciones cobradas han llevado al banquillo a varios exdirectivos de Novacaixagalicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiese una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.
CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.
Banca Cívica y la CAN son otras entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
‘Las cosas de palacio van despacio’, dice el refrán, y en este caso parece estar aplicándose a rajatabla en un asunto muy delicado y con numerosas implicaciones políticas pero que al mismo tiempo ha causado alarma social, teniendo en cuenta además que la crisis financiera ha obligado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a inyectar más de 39.000 millones de euros aportados por Bruselas en la banca, que se suman a los 13.869 millones que ya prestó el Estado a los grupos de cajas para que acometieran sus fusiones.
