CatalunyaCaixa ha recibido ya 12.052 millones de euros en ayudas públicas, pero la factura para el Estado podría elevarse en otros 400 millones de euros por los costes del expediente de regulación de empleo (ERE) cuya negociación acaba de comenzar, según un informe realizado por la sección sindical de CSICA.
En un informe elaborado por el sindicato antes de conocer la propuesta de la dirección, CSICA señala sólo por indemnizaciones, sin incluir las de la alta dirección, ya habría unos costes de 200 millones de euros. No obstante, el cálculo se realiza desde la base de un pago de 30 días por año y un máximo de 30 mensualidades, muy lejos de los 20 días y 12 mensualidades que la dirección ha ofrecido.
A esa cifra se uniría que el Estado dejaría de percibir 55 millones de euros a través del IRPF y otros 70 millones en cotizaciones a la Seguridad Social. Las prestaciones por desempleo durante dos años ascenderían a 77 millones de euros tomando en cuenta que el empleado despedido tenga un hijo a cargo.
En total, las estimaciones, realizadas en base a un sueldo de 45.000 euros brutos y una antigüedad media de 20 años, ascenderían a 402 millones de euros. A ellos habría que sumarse otros costes indirectos, ya que el Estado, según el informe de CSICA, dejaría de recibir 15 millones por el IVA no recaudado y otros 101 millones por la caída del consumo de las familias afectadas por el plan de reestructuración.
“Aún a pesar de las salvedades que puedan aducirse por el carácter estimativo de algunos valores”, señala el sindicato, el resultado final “invalida los argumentos esgrimidos por el FROB” para acometer el proceso de reestructuración de CatalunyaCaixa, ya que “ninguna de las desviaciones y ajustes que podrían admitirse justificaría el quebranto que se ocasionará a la sociedad y a los trabajadores”. “Nos hallamos ante una decisión no sustentada en criterios económicos y sociales”, denuncia el sindicato.
