La tensión sigue ‘in crescendo’ entre la dirección de Novagalicia y los sindicatos, después de que los representantes de los trabajadores hayan publicado una dura circular en la que acusan a la entidad de contratar un “bufete de abogados expertos en desguaces de empresas” para llevar las negociaciones.
“¿A quién están engañando?”, se preguntan los sindicatos en un comunicado conjunto firmado por Comfia-CCOO, CSICA, CGT, UGT, Confederación Intersindical Galega y Alternativa Sindical de Caixas de Aforros, en el que, no obstante, no se menciona el nombre de dicho bufete.
La representación sindical es muy crítica no sólo con las 2.500 bajas planteadas por la dirección, sino también por la escasa flexibilidad que, a su juicio, está mostrando a la hora de buscar vías menos traumáticas para las extinciones. “Las únicas medidas contempladas en la oferta presentada por la compañía van encaminadas a despedir a personas”, denuncian los sindicatos, que añaden que en las últimas propuestas “no se recogen mecanismos alternativos tales como reducciones de jornada, suspensiones de contrato, reducciones salariales”.
Por otra parte, añaden los sindicatos, las ventas de parte del negocio (que podría ser dentro o fuera de Galicia) “solamente dependen de la dirección y con el planteamiento inicial que recoge exclusivamente medidas para la liquidación del personal, nos da la sensación que ni ellos son muy optimistas”. En principio, Novagalicia tiene puestas a la venta varias unidades, entre ellas la red de Evo Banco, marca bajo la que opera fuera de sus territorios de origen y que cuenta con 671 empleados.
Novagalicia tiene la intención de recortar 2.500 empleos a través exclusivamente de despidos, con indemnizaciones 23 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades. En los casos de las personas mayores de 55 años en 2013, la indemnización ascenderá a 25 días por año, con un máximo de 18 mensualidades. La cotización a la Seguridad Social será hasta los 63 años.
La intención del banco que preside José María Castellano es que el personal mayor de 50 años afectado por las extinciones de contratos sea despedido en 2013, a pesar de que el proceso durará tres años. Los 2.500 despidos que acometerá la entidad suponen un 43% de la plantilla actual, que asciende actualmente a 4.700 trabajadores.
