Bancaja ha contratado los servicios del bufete de abogados Ramón y Cajal para defender sus intereses en el conflicto abierto en el seno de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) entre José Luis Olivas y Rodrigo Rato.
Según publica Valenciaplaza.com, la elección de Ramón y Cajal se pactó en la reunión del consejo de administración de Bancaja del pasado martes, cuando se acordó rechazar la intención de BFA de volver a valorar el Banco de Valencia.
Ramón y Cajal Abogados, con sede central en Madrid y delegación en Barcelona, es un despacho especializado en banca, aunque también desarrolla su actividad en otros campos del derecho.
José Luis Olivas se ha encastillado en Bancaja para declarar la guerra a Rodrigo Rato. El presidente de la caja valenciana logró el regreso de su mano derecha, Aurelio Izquierdo (ex presidente de Banco de Valencia) y puso en el disparadero a los consejeros ‘rebeldes’ que habían votado en el consejo de BFA a favor de una auditoría.
El consejo de administración de Bancaja decidió esta semana rechazar e impugnar el acuerdo del máximo órgano de gestión de Banco Financiero y de Ahorros (la matriz de Bankia) que exigió una auditoría externa de la caja valenciana. Esta decisión, según el órgano que preside José Luis Olivas supondría lesionar los intereses de Bancaja en el banco por un supuesto incumplimiento del contrato de integración.
La entidad valenciana se enfrenta así a Rodrigo Rato y a su iniciativa para restar peso a Bancaja en el seno de BFA. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con los votos a favor de tres de los seis representantes de Bancaja en el consejo de administración de BFA. Según la prensa valenciana, no acudieron el recién nombrado vicepresidente Francisco Pons y el consejero Antonio Tirado (vicepresidente de Bancaja y expresidente de Banco de Valencia).
El objetivo de BFA al solicitar la auditoria sería que Bancaja aclarase su valor real tras la intervención del Banco de Valencia y el negocio que realmente aporta a la fusión. Rato se refugia en que en el contrato de la fusión se habría incluido una cláusula por la cual si existe algún cambio en la valoración de algunos de los bienes aportados a la fusión se revisará la valoración mediante esta auditoría.
La sospecha de Caja Madrid y algunos de los otros socios es que Bancaja no aportó toda la verdad sobre su auténtica situación interna en el momento de la constitución del sistema institucional de protección (SIP), algo que parece confirmar la intervención de Banco de Valencia, del que Bancaja era máximo accionista con algo más de un 27% del capital, y que finalmente fue intervenido por el Banco de España. Banco de Valencia perdió casi 900 millones de euros en 2011, y una vez que la entidad sea adjudicada en subasta, BFA podría registrar un impacto por su participación en ella de unos 300 millones de euros.
Caja Madrid controla actualmente el 52% del BFA, por el 37% que controla Bancaja, mientras que el 11% restante se lo reparten entre las cinco cajas pequeñas que completaron el proceso (Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias y Caixa Laietana).
