El nuevo mapa bancario surgido de la reestructuración del sector financiero impulsada por el ministro de Economía, Luis De Guindos, ha desatado las primeras críticas en el seno del PP, donde los líderes provinciales y autonómicos prometen dar batalla para no perder sus antiguas cajas de ahorros.
La semana pasada, el Pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad la creación de una Comisión no Permanente de Investigación para el esclarecimiento del proceso de integración de Caja Badajoz en el grupo Caja 3, del que forman parte también Caja Inmaculada y Caja Círculo.
La solicitud de creación de esta comisión fue presentada por el Grupo Popular, cuyo diputado José Angel Sánchez Juliá hizo un llamamiento a saber “si se han vulnerado los intereses de Caja Badajoz”, ya que “existen sospechas de que así ha sido”, pues, a su juicio, la entidad pacense se ha visto obligada a “tirar del carro”, o “si la representación que ostenta en el grupo es la razonable”, según unas declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Mientras, en Castilla y León, el PP se ha alineado con los afectados por las preferentes de Caja España-Duero. El presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, ha pedido a la entidad que “se allane” a las demandas realizadas por ahorradores afectados por las participaciones preferentes y ha considerado que “además de dar explicaciones públicas”, la entidad financiera “puede hacer algo más”, en relación con las personas que desconocían el riesgo del producto y que “no tenían” afán inversor.
Maíllo, miembro del consejo de Caja España, ha expresado públicamente su “total apoyo y solidaridad” con los afectados por las preferentes de todas las entidades financieras pero, “especialmente, de aquellos que expresan públicamente que no se ha sido leales con ellos o que han sido engañados”.
No obstante, el presidente de la Diputación ha defendido la fusión de Caja España-Duero con Unicaja porque “es mejor” que la intervención de la entidad, según recoge Laopiniondezamora.es.
