Todavía no está hecho. O al menos, eso asegura el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, pero la posibilidad de que Hispasat, el único satélite español, acabe en manos de Abertis ha desatado una fuerte tormenta en el PP y cruces de acusaciones entre varios sectores enfrentados.
O eso es al menos el rumor que corre, junto a todo tipo de comentarios maledicentes en unos ambientes financieros madrileños en los que esta posible operación empresarial se ha convertido en el tema del día.
Las informaciones publicadas al respecto esta mañana por el diario ‘El Mundo’ han caído como una bomba en el sector. El diario de Pedro Jota daba por hecho que el Gobierno última la vena del 25,6% que controla el Estado en el satélite por 235 millones de euros.
Tal ha sido el revuelo que, como decíamos al principio de este artículo, el propio Aguirre, ha salido a matizar la noticia. Hay negociaciones, pero no están cerradas. Y, además, no sólo sería cuestión de dinero. El Estado también se aseguraría de que todo estaría condicionado a un plan de inversiones y de crecimiento empresarial.
Pero las explicaciones de Aguirre, hombre a quien los rumores vinculan con Ignacio López del Hierro –marido de María Dolores de Cospedal- no han convencido ni siquiera a los suyos. Enm absoluto.
Hay mucho en juego, según explican algunos analistas de salón. Por ejemplo, asuntos de carácter estratégico relacionados con la Defensa, porque Hispasat no es sólo un vehículo para la difusión de imágenes televisivas.
Para empezar el hecho de que Abertis sea una empresa ‘catalana’ no gusta. Mucho menos, cuando se dice que esta operación podría estar incluida en las negociaciones entre Rajoy y Artur Mas. Si se privatizase, no habría vuelta atrás y si Cataluña se ‘separase’ finalmente de España, la pérdida del satélite sería un verdadero desastre.
Por eso en los sectores más conservadores del partido no cuadra que el Estado se ‘borre’ como accionista de este consorcio, en el que Abertis es ya el accionista mayoritario con un 40,6%, tras haber adquirido la participación del 13,23% que tenía Telefónica por 124 millones de euros.
Además, el hecho de que Abertis no se quedará como accionista privado único de la compañía, Eutelsat conservaría, de momento su 33,6%, no parece suficiente. Sobre todo porque, entre otras cosas, el Estado perdería la prerrogativa que ahora tiene de nombrar al presidente de la empresa.
Ni tampoco en otros entornos de Génova, que las lenguas más viperinas relacionan con la secretaria general del Partido María Dolores de Cospedal. En este caso, el malestar vendría por otro lado. Por la presunta capacidad de la vicepresidenta del Gobierno de colocar a ‘sus’ abogados del Estado en determinadas empresas, mientras que a ella se le discuten sus ‘enchufes’.
Los maledicentes que proliferan estos días por Madrid, sin prueba alguna que avale su versión, relacionan este enfado con el reciente nombramiento de Mónica López Monís como consejera de Abertis.
Esta abogada del Estado es la esposa de Leopoldo González-Echenique, presunto amigo de Soraya Saénz de Santamaría, y presidente de RTVE. De hecho, en los confidenciales de Internet se asegura que fue ella quien ‘colocó’ a su colega en la tele.
La decisión de la empresa catalana de incorporarla a su consejo ya había sido muy criticada en medios del sector de las telecomunicaciones. Sobre todo, porque el ente público es uno de los principales ‘clientes’ de la compañía en cuestión.
