Los expedientes de regulación de empleo (ERE) acordados por los grupos de las cajas de ahorros con los sindicatos no parecen contar con el beneplácito de los trabajadores, que apenas han respondido a las ofertas de prejubilaciones y bajas incentivadas, a pesar de contar con unas condiciones sensiblemente más ventajosas que las de la reforma laboral.
Un ejemplo es Banca Cívica, en pleno proceso de absorción por parte de CaixaBank, en la que unos 900 trabajadores se han adherido al recorte de empleo acordado, una cifra muy alejada de las previsiones de la entidad, que prevé un recorte de 1.500 empleos mediante suspensiones voluntarias temporales, bajas incentivadas y prejubilaciones.
La semana pasada, los secretarios generales de CCOO-A y Comfia CCOO-A, Francisco Carbonero e Íñigo Vicente, respectivamente, así como su homóloga en la sección sindical de CCOO en Banca Cívica, Isabel Lara, aseguraron en rueda de prensa que la sección sindical de CCOO tiene 400 denuncias presentadas por trabajadores de Banca Cívica que estaban siendo “amenazados y presionados” para que se marchen de la entidad.
Banca Cívica prevé un recorte de 1.500 empleos, el 20% de una plantilla de unos 7.800 trabajadores, mediante bajas incentivadas, prejubilaciones a partir de 54 años y suspensiones temporales de empleo de forma voluntaria.
Estas propuestas se recogen en el acuerdo de medidas de reestructuración de Banca Cívica, firmado a mediados de mayo por CCOO, UGT, CSICA, SEA y GTB, que representan a un 98,19 % de los trabajadores en el ámbito de la entidad Banca Cívica, que integraba a Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias.
Según el acuerdo, a las prejubilaciones se podían acoger los trabajadores que tuviesen cumplidos 54 años a 31 de diciembre de 2012, con una antigüedad de seis años y que a la fecha prevista de jubilación anticipada de 63 años tengan cotizados 33 años.
Los prejubilados cobrarán una cantidad bruta anual equivalente al 75% de la retribución fija percibida en los últimos doce meses anteriores a la prejubilación y se podrá percibir en pago único o en forma de renta mensual. A las bajas incentivadas se podrán acoger todos los trabajadores, excepto los que tengan la edad requerida para la prejubilación, con un límite de 1.100 empleados.
Los trabajadores que se hayan acogido a estas bajas indemnizadas con anterioridad al 15 de julio de 2012 percibirán 45 días de salario por año de servicio, con un límite de 42 mensualidades, sin que se pueda superar los 300.000 euros, más una cantidad adicional en razón a los años de trabajo que va desde 10.000 a 30.000 euros. Si no, la indemnización será menor.
En Novagalicia, que previsiblemente necesitará una nueva inyección de dinero público tras haber sido nacionalizada en septiembre del año pasado, el rechazo de los empleados es aún más evidente. Apenas 77 trabajadores del banco que preside José María Castellano se han acogido al último ERE acordado con los sindicatos en marzo, que elevó hasta 700 las bajas previstas en la entidad durante este año.
Según publica La Voz de Galicia, que cita fuentes de los representantes sindicales, otros 77 empleados han solicitado una baja incentivada y 23 más se han acogido a la reducción de jornada, aunque se confía en que después del verano se aumenten las suspensiones.
Novagalicia ha eliminado un total de 1.904 empleos para cumplir con las exigencias de su plan de reestructuración, a los que se sumarán otros 700 puestos de trabajo más hasta el 2013. La intención del banco ha sido siempre seguir en solitario, a pesar de que necesita una nueva inyección de dinero público para sanearse, que podría rondar los 4.500 millones de euros.
