La reforma financiera ha pasado hoy mismo el trámite del Congreso, pero el duro informe sobre el sector bancario que publicó ayer la Comisión Europea ha provocado que el Gobierno trabaje ya sobre una nueva vuelta de tuerca que, según han señalado a EL BOLETÍN fuentes cercanas al Ejecutivo, se basaría en elevar las provisiones sobre los créditos a pymes e hipotecas.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero con el apoyo del PP, UPN y de Coalición Canaria. PSOE y CiU se han abstenido, mientras que el texto ha sido rechazado por UPyD, Izquierda Plural y PNV.
La reforma se ha tramitado en modo de Proyecto de Ley, que deja al Gobierno un pequeño plazo para introducir cambios en el texto. En concreto, una vez convalidada, se abre un período en el que se propone a los diferentes grupos parlamentarios que presenten posibles enmiendas y modificaciones que consideren necesarias antes de la aprobación definitiva.
El grupo popular podría aprovechar este plazo para añadir al Proyecto de Ley nuevas enmiendas referidas a las provisiones sobre créditos a pequeñas y medianas empresas y préstamos hipotecarios, aunque no se descarta un nuevo decreto ley.
Hasta el momento, a través de dos decretos ley, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha obligado a las entidades financieras españolas a elevar las provisiones sobre los activos inmobiliarios adjudicados y sobre los créditos concedidos a promotoras, tanto morosas como al corriente de pago, lo que ha obligado al sector a unas provisiones adicionales de 84.000 millones de euros.
Sin embargo, todos los esfuerzos del ministro de Economía, Luis De Guindos, se han centrado hasta el momento en cubrir el riesgo promotor, dejando fuera el resto de carteras de crédito, algo que considera insuficiente la Comisión Europea, como lo hizo ayer saber en un informe demoledor sobre España.
En concreto, Bruselas le hizo saber al Gobierno que considera insuficientes las dos reformas financieras aprobadas y exige que la banca española eleve las provisiones sobre las hipotecas y los préstamos a pymes, que considera de riesgo dada la situación de la economía española.
De aprobarse la nueva reforma financiera que exige Bruselas, no sería la primera vez que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se aplica en hacer los deberes tras una advertencia externa. De hecho, la reforma aprobada hoy se aceleró tras otro informe devastador, en este caso del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una morosidad encubierta en la banca española a través de refinanciaciones de crédito.
En concreto, la institución presidida por Christine Lagarde advirtió de que algunos bancos podrían estar ocultando dudosos y evitando adjudicaciones de inmuebles mediante la concesión de refinanciaciones a las empresas.
