La CIC considera que el Banco de España incumplió la Ley de Disciplina e Intervención que le obligaba a vigilar y sancionar a las cajas. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha presentado este lunes en el Banco de España un escrito en el que aprecia un posible delito de prevaricación cometido por el organismo supervisor, al incumplir la Ley de Disciplina e Intervención que le obligaba a vigilar y sancionar a las cajas de ahorros durante la crisis económica.
La organización sindical que preside Gonzalo Postigo ha interpuesto este documento que se acompaña de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que constata las “debilidades, incumplimientos y actuaciones incorrectas” cometidas por el Banco de España en el ‘caso Bankia’ (en el que CIC está personado como acusación); así como de un estudio de la CECA dando cuenta de la pérdida de más de 46.000 empleos en el sector de las cajas de ahorros desde 2009.
El escrito, que recoge la agencia Europa Press, está dirigido al gobernador Luis María Linde y al resto de miembros de la Comisión Ejecutiva y expone que la Ley sobre Disciplina e Intervención, vigente desde 1988 hasta 2014, contemplaba la potestad del Banco de España de imponer sanciones a las entidades que infringieran normas de carácter monetario o afectaran a su solvencia.
Sin embargo, la CIC advierte de que los responsables y directivos de las cajas que tuvieron que ser rescatadas y que, con su “ruinosa” gestión “quebraron” dichas entidades, no han sido inhabilitados y, en su lugar, “disfrutan de pensiones millonarias o siguen en sus puestos de responsabilidad”.
“Consideramos un gran sarcasmo, que las dos únicas personas que han sido sancionadas con la inhabilitación hayan sido dos sacerdotes de Cajasur, por la aplicación de la Ley de Disciplina e Intervención. Ni tan siquiera fue inhabilitado el director general. Pero y ¿qué ha ocurrido con el resto de las Cajas que tuvieron que ser rescatadas?”, se pregunta la CIC, para hacer referencia a los casos de Catalunya Caixa, Caixa Tarragona, Caja Inmaculada, las CaixaNova, Caixa Galicia, Caja Sol o Caja Segovia.
Para la CIC, la “falta de diligencia” de los órganos rectores del Banco de España, al menos, desde 2006, es constitutiva de un “posible delito de prevaricación por comisión u omisión”. “Es nuestro deber trasladar toda la información que actualmente disponemos a la Fiscalía Anticorrupción por, si lo estima oportuno, abrir diligencias”, indica en su escrito.
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